MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) - La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este lunes que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos independentistas fugados de España han presentado contra él en Bélgica y ha asegurado que el Ejecutivo le defenderá "hasta las últimas consecuencias". En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Delgado ha incidido en que "no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia". "Lo puedo garantizar", ha zanjado. Según ha explicado, se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso el 31 de julio, que "no entra en el fondo" de la demanda porque el Gobierno no la tenía, "no existe ni un sólo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo. "No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos", ha detallado. Eran, según ha dicho, "borradores" internos. En esta línea, ha argumentado que el Gobierno ha hecho "un ejercicio de transparencia": "Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución". Para Delgado, si bien "es una demanda civil contra el honor del juez Llarena" por unas declaraciones a los medios fuera del tribunal, "tiene un trasfondo jurisdiccional que puede afectar a nuestra jurisdicción" ya que "la demanda, entera, es instrumental" que "pretende quebrar la actuación jurisdiccional de España" y en eso, el Gobierno es "tajante". "No puede caber la mínima duda, vamos a defender hasta sus últimas consecuencias la jurisdicción española y a aquellos a través de quienes se desarrolla, que en este caso es Llarena pero puede ser cualquier otro juez", ha sentenciado, para después añadir: "Defender los intereses de España en este caso pasan por defender la actuación jurisdiccional y al juez Llarena". Ha recordado no obstante, que por tratarse de un tribunal ordinario extranjero el Gobierno tiene que poner en marcha un proceso de contratación para designar abogados en el país, "algo tan prosaico como eso", y ha pedido al servicio de información del Estado que lo autorice, mientras se decide "si tiene que ser un sólo despacho o más de uno, que es donde entra la posible estrategia". Considera en todo caso que "no hay diferencia" entre Llarena en su labor de juez y en sus declaraciones a los medios fuera del tribunal y dice que la forma de llevarlo va a "depender de la estrategia" que planteen los abogados belgas, si bien reconoce que "dentro de la cultura española somos más laxos que en otros países, donde son mucho más estrictos con lo que se puede y no se puede decir". "Defendemos al juez Llarena y lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias, pero tenemos que tener en cuenta otras posibles actuaciones fuera de España", ha señalado para apuntar que "en un pésimo escenario" en que la demanda prosperase en Bélgica, el caso puede acabar en la Corte Internacional de Justicia, donde se enfrentan "Estado contra Estado". "Es importante dar los pasos correctos para después acudir ahí, que va a ser árbitro. Estamos haciendo esto con mirada de futuro, estamos siguiendo una estrategia y la estamos contando", ha destacado. Delgado se ha detenido en la cronología y ha explicado que tras recibir a principios de junio comunicación del presidente del Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, "poniendo en conocimiento la existencia de una demanda", se dio traslado a los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores de Bélgica, aunque fue infructuoso. "Intentábamos ese acompañamiento en los tribunales belgas de las propias autoridades belgas. Se nos comunica que no era posible y así los transmitimos nosotros al CGPJ y la cosa quedó así", ha explicado. Después llegó el informe de la Abogacía, que, según Delgado, "eran simplemente posibles acciones que se podían realizar y estudiar". Después, Llarena solicitó amparo a CGPJ, quien instó al Gobierno a "mantener la integridad y la inmunidad jurisdiccional". "Recibimos esta comunicación la semana pasada e inmediatamente nos pusimos a trabajar sobre el tema, porque el procedimiento en Bélgica se había iniciado", ha asegurado. La ministra dice que entonces se empiezan a generar "informes técnicos de trabajo interno en los que se ha ido variando la posición" para analizar cada alternativa y para trazar la "estrategia" a seguir, pero "el Gobierno ha mantenido una línea constante" y "una postura de defensa absoluta de la soberanía jurisdiccional de España" y de las personas "a través de las que se desarrolla", como, según ha dicho, es el caso de Llarena.
