Estima que se necesitan 400 millones, financiados al 50 por ciento, para atender a las 125.000 personas dependientes de la Comunidad
VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy, en una rueda de prensa celebrada en Valencia antes de un acto público con colectivos y personas discapacitadas para explicarles la Ley de Dependencia, que en la Comunidad Valenciana se tendrá que hacer "un esfuerzo especial" porque, en estos momentos, se halla en una "peor situación" que el resto de autonomías.
Caldera afirmó, al respecto, que la tasa de cobertura a las personas dependientes en la Comunidad está "bastante por debajo de la media nacional --9,43 personas con cobertura en España frente a las 6,3 valencianas--". Así, estimó que se necesitarán 400 millones para atender a las 125.000 personas dependientes de esta autonomía.
En este sentido, señaló que el "esfuerzo" tiene que ser compartido entre el Estado y la autonomía, que es la que tiene la competencia, recordó, por lo que apuntó que el gasto público se repartirá al 50 por ciento.
Por ello, confió en que "no haya ningún problema y todos cooperen, que coopere la Generalitat en beneficio de los valencianos", porque, además, subrayó, se generarán un total de 30.000 empleos directos al aplicar el sistema que regula esta ley, en un proceso que dura siete años.
El titular de Trabajo indicó, asimismo, que los datos que facilitó la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, quien estimó que el número de personas dependientes en la Comunidad es de 250.000, se debieron "a un error o un lapsus", ya que, dijo, debió contabilizar a todas las personas discapacitadas, pero "no todos los discapacitadas son dependientes", matizó.
Caldera aseveró, asimismo, que "nadie se va a quedar fuera" y puntualizó que el reconocimiento del derecho que regula esta ley tiene que ser valorado por cada comunidad autónoma, ya que es competencia suya "y no del Estado".
Así, apuntó que se tiene que realizar un "esfuerzo" para que "todos puedan acceder a los servicios necesarios", según la valoración de las autonomías. Caldera remarcó que las prestaciones se centrarán en la ayuda a domicilio; plazas de residencias; centros de día; compra de servicios, y en la concesión de ayudas económicas cuando el servicio se preste en el entorno familiar.
GRAN PROYECTO
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales aseguró, por todo ello, que la Ley de Dependencia es un "gran proyecto" que "debe ser de todos" porque, dijo, "regula un nuevo derecho, el de aquellos que no pueden valerse por sí mismo a disponer de ayuda" y porque "garantiza la igualdad".
Además, recordó que se invertirá en los siete años que durará la aplicación de este sistema más de 12,6 millones, que tendrán que ser financiados entre el Estado y las comunidades autónomas.
Caldera apostilló que "hoy hay muchas personas dependientes que no están atendidas, lamentablemente" y "prueba de ello son los índices de cobertura, cuya media española es de 9,43 personas dependientes con cobertura". Por este motivo, concluyó que el derecho que regula esta ley es "un derecho social de nueva generación", por lo que "tenemos que regularlo entre todos".
Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, destacó, al respecto, la "apuesta por la igualdad" que está realizando el Gobierno socialista y que, incidió, en la Comunidad Valenciana "exige de un mayor compromiso por parte del Consell".
En su opinión, desde que el PP está en el gobierno en esta comunidad "han sido años perdidos" que ahora, dijo, se tienen que recuperar para poder "abordar" este proceso, ya que el Consell "no ha hecho sus deberes".
Al respecto, anunció que presentará un plan de choque con el que la Comunidad Valenciana se podrá situar "en los niveles básicos que permitirán aplicar este proceso en condiciones de igualdad" con el resto de autonomías.
