LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha solicitado este martes que se desestime la demanda interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias -Intersindical Canaria (STEC- IC) contra el ex vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, al considerar que éste no vulneró el derecho al honor de los funcionarios públicos, un derecho que es "individual".
El presidente del PP en el archipiélago negó durante el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria haber acusado a los funcionarios de coger bajas "para ir a la playa".
La demanda fue interpuesta por el STEC-IC a raíz de una información publicada en el periódico La Provincia el 18 de noviembre de 2009, en la que se recogían las citadas palabras en las que Soria cuestionaba la labor de los funcionarios. De ahí que el sindicato le denunciara por vulnerar el "derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen".
Sin embargo, la Fiscalía y la parte demandada aportaron sentencias del Tribunal Supremo que corroboran que el derecho al honor es "personalísimo e individual", por lo que "los funcionarios públicos como colectivo no pueden verse afectados" por dicho derecho. En este sentido, plantearon que se desestime la demanda y la libre absolución para Soria.
"NO SON MANIFESTACIONES MÍAS"
Cuestionado sobre las declaraciones que señalaba el citado diario, Soria dijo que "no son manifestaciones" suyas. Aseguró que habló con la periodista Natalia Vaquero en los días previos, pero que no concedió "ninguna entrevista".
"He desmentido esas manifestaciones en público, en privado y en el Parlamento de Canarias", remarcó el dirigente popular, que recordó que es funcionario de la Administración del Estado desde 1984.
En su declaración, que duró menos de cinco minutos, señaló que su conversación con la redactora fue telefónica y versó sobre la disminución del período de tiempo para la incapacidad laboral transitoria, que el Gobierno canario estaba planteando disminuir de 18 a tres meses, así como la reducción de la dotación para sustituciones en la Consejería de Educación.
"El absentismo no fue un tema principal de la conversación", indicó Soria, que incidió en que la periodista no le comentó que "la conversación iba a ser publicada". Reiteró que no recuerda "haber dicho ningún tipo de expresión" relacionada con "la playa y las bajas".
En su opinión, "no hay ninguna razón para que en la administración pública la eficacia sea menor que en el ámbito de lo privado". Igualmente, reconoció que "por lo general y, según las encuestas, se piensa que el absentismo en el ámbito de lo público es sustancialmente superior al que existe en el ámbito privado".
Asimismo, el ex consejero de Economía y Hacienda evocó que en 2009 el presupuesto del Ejecutivo regional para sustituciones por absentismo laboral se situaba en torno a 35 millones de euros.
Al término del juicio, Soria dijo que "los periodistas son todos un colectivo que realiza una labor muy importante en democracia".
INDEMNIZACIÓN DE 2.500 EUROS
Por su parte, el portavoz de STEC-IC, Fernando Pellicer, declaró en el juicio que no le consta que Soria haya desmentido públicamente las declaraciones recogidas en el periódico.
Igualmente, criticó "declaraciones de mandatarios políticos que alimentan la opinión" entre la ciudadanía del alto grado de absentismo entre los funcionarios. Señaló que su organización no posee datos de ausencias de empleados públicos canarios en el sector de la educación, pero remarcó que "los que se ofrecen no son realmente fehacientes".
Pellicer, que indicó que el sindicato "no tiene ninguna vinculación política", agregó que el presupuesto del Gobierno regional para sustituciones por bajas de los docentes se ha reducido desde los 35 millones en 2009 a los 7 millones de euros en 2010, una disminución que tiene "consecuencias obvias para los centros educativos".
El demandante reclamó una rectificación pública de Soria, así como una indemnización de 2.500 euros por "daño moral", si bien precisó que "el honor de los docentes no es evaluable". Explicó que dicha cuantía (un céntimo por cada maestro en las islas) "será reintegrado en uno de los centros educativos de Canarias que está sufriendo grandes carencias".
A su salida, Pellicer mostró su satisfacción por el juicio, ya que, según la Fiscalía los hechos "han quedado probados y acreditados", por lo que espera una sentencia condenatoria.
En cualquier caso, si la demanda fuera desestimada porque "al parecer el derecho al honor es personalísimo y no afecta a colectivos", el representante de STEC-IC está "absolutamente seguro de que decenas de funcionarios que en ese momento en que se produjeron las declaraciones estaban de baja estarán encantados de presentar la correspondiente demanda en defensa de su derecho al honor".
"NO SE DIJO 'OFF THE RECORD'"
Por otro lado, la periodista Natalia Vaquero, autora de la información, ratificó lo publicado en el artículo. "Exactamente si son las palabras exactas no lo sé, yo sé lo que dijo y en el contexto en el que se dijo, en una conversación telefónica sobre el absentismo de los funcionarios", manifestó, no obstante.
Añadió que Soria "estaba bastante irritado con los índices de absentismo que había" y "en una parte de la conversación él dijo esa frase". La informadora admitió que no advirtió a Soria de que iba a publicar sus palabras, pero hizo especial hincapié en que "él sabe perfectamente" que ella es periodista. "En ningún momento se pronunció la palabra 'off the record'", apostilló.
"En el momento en que escuché baja, depresión y playa cambié de tema porque dije ahí está el titular. Cambié de tema rápidamente porque ya lo tenía", concluyó.
DERECHO AL HONOR
Una vez escuchados los argumentos, la parte demandante, representada por el letrado José Juan Mendoza, criticó el "exceso verbal" del ex consejero regional sobre un colectivo de trabajadores y estimó que "no es una mera crítica profesional". De ahí que planteó una indemnización de 2.500 euros y una rectificación.
Sin embargo, el abogado Germán Guillén, en representación de Soria, manifestó que el sindicato "no tiene legitimación" para presentar la demanda y destacó que el derecho al honor "no es colectivo ni difuso", sino que es "personalísimo". Afirmó que la periodista "hinchó la noticia" y aseguró que ella "no ha dicho" si las palabras de Soria "fueron exactas".
De ahí que el letrado abogó por la desestimación de la demanda por "falta de legitimación" del colectivo y la libre absolución para su cliente.
Finalmente, la fiscal ve probados los hechos a raíz del testimonio de la periodista y la prueba documental aportada. Consideró que Soria hizo unas manifestaciones "desafortunadas".
Sin embargo, aclaró que el derecho al honor es "personalísimo, con una dimensión personal e individual", un derecho que afecta a "personas concretas".
De este modo, "los funcionarios públicos como colectivo no pueden verse afectados por el derecho al honor", concluyó en su alegato al término del juicio, que ha quedado visto para sentencia.
