MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a defraudar cantidades millonarias en contratos internacionales, en una operación en la que se ha detenido a 10 personas, nueve de ellas en España y una décima en Luxemburgo, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
El núcleo era una unión temporal de empresas (UTE) española que se adjudicó un contrato millonario de suministro de material policial con el Gobierno de Angola. Sus responsables, en colaboración con un despacho de abogados luxemburgués, desviaron presuntamente decenas de millones de euros a través de Nueva Zelanda, Gibraltar, Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Madeira, Angola y Luxemburgo.
La operación, denominada 'Angora', se ha desarrollado conjuntamente con la Policía de Luxemburgo y ha incluido 16 registros en domicilios, empresas y entidades bancarias de España, Luxemburgo y Portugal. Los detenidos están acusados de presuntos delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organización criminal.
En los registros, se han intervenido 116.000 euros, cerca de 200 libras y más de 16.000 dólares, ordenadores y abundante documentación de interés para la investigación, y se han bloqueado numerosas cuentas bancarias, inmuebles y vehículos. Las diligencias son secretas y no se descartan nuevas actuaciones.
La investigación se inició en 2013, cuando las autoridades judiciales de judiciales de Luxemburgo informaron de la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. La investigación determinó que los fondos tenían su origen en un contrato entre una UTE española y el Gobierno de Angola para la entrega de material policial a ese país, por el que el gobierno angoleño habría abonado la cantidad aproximada de 152 millones de euros.
El contrato, según los investigadores, sirvió como pantalla para desviar una gran parte del importe del mismo, principalmente a través de Luxemburgo, en beneficio de los responsables y partícipes de la UTE, así como de los responsables de la adjudicación del contrato en Angola.
El desvío del dinero fue posible gracias a la colaboración de un despacho de abogados de Luxemburgo, que habría creado una "estructura financiera altamente sofisticada" para blanquear el dinero, según la Guardia Civil, que creó un grupo permanente de intercambio de información con la Policía Luxemburguesa.
Con esta operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada llevan a cabo una de las primeras investigaciones en el ámbito de la Corrupción Internacional.
