MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El industrial cordobés Rafael Gómez, a quien se le vinculó en informaciones periodistas con el ex asesor de Urbanismo de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha sido detenido en Córdoba por efectivos de la Policía Nacional llegados desde fuera de la provincia con mandato judicial al respecto, en el marco de la Operación Malaya.
Según dijeron hoy a Europa Press fuentes de la investigación, esta nueva acción inscrita en dicha operación contra la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, que puede implicar nuevas detenciones en las próximas horas, no ha contado con la implicación de la Policía Nacional de Córdoba, ciudad desde la que ya ha sido trasladado, para ser puesto a disposición del juez que lleva el caso, este constructor y joyero cordobés y hasta hace poco también principal accionista de la sociedad deportiva que controla el Córdoba C.F., equipo de Segunda División B de Fútbol.
Se ha decretado el secreto de sumario en relación con el arresto de Gómez, quien, en rueda de prensa, la única relación que en su día admitió que le unía a Juan Antonio Roca es que jugó a las cartas con él y otros cazadores, en el contexto de una montería, situación que consideró normal, negando, por otro lado, cualquier otra relación con el principal imputado de la Operación Malaya. De hecho, Gómez aseguró que él no ha puesto "ni un sólo ladrillo todavía" en Marbella.
SUPUESTAS IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS
Donde sí que puso ladrillos, hasta levantar naves industriales sobre 40.000 metros cuadrados en suelo no urbanizable y de especial protección y sin contar para ello con licencia, fue junto a la antigua factoría lechera de Colecor, en la capital cordobesa, justo donde ahora tiene la sede principal su empresa Arenal 2000, y donde se concentraron recientemente 4.000 de las más de 20.000 personas que trabajan directa o indirectamente para su grupo de empresas en varias provincias andaluzas, para mostrarle su respaldo y pedir que no se le dé mala imagen vinculándolo con irregularidades urbanísticas.
Tales supuestas irregularidades, criticadas por el PSOE, fueron las que llevaron a que se creara una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Córdoba, a cuenta de las ya mencionadas naves de Colecor, pues los socialistas entienden que desde el gobierno municipal de IU se le dio trato de favor a Gómez, al permitirle construir sin licencia y en suelo no habilitado para ello, aunque luego se aprobó en Pleno, con los votos a favor de IU y PP y en contra del PSOE, un Plan Especial que regulariza dichas naves. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dicho acuerdo plenario.
Por otro lado, los ecologistas han criticado en más de una ocasión otras actuaciones urbanísticas supuestamente irregulares del que fue el principal impulsor del Parque Joyero de Córdoba y hoy uno de sus principales pilares, ya que Arenal 2000 eliminó, sin tener permiso para ello, una zona de vegetación en un paraje natural de la Sierra de Córdoba situado junto al arroyo Bejarano y los Baños de Popea, que Gómez pretende urbanizar, cuestión que es ahora objeto del Plan Parcial TR-2, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento y sobre el que ahora debe informar la Junta de Andalucía.
Estas acciones y la supuesta permisividad del gobierno municipal le valieron a Gómez, a la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), y al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Andrés Ocaña, los Premios Atila 2006, "por su contribución a la destrucción del medio ambiente", según el punto de vista de Ecologistas en Acción.
Pero no todo son reproches para el industrial cordobés, pues, al margen del apoyo incondicional de sus trabajadores, el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) otorgó a Gómez la medalla al Mérito Social, por su implicación social con este municipio y por la construcción allí del Hospital Xanit, según señaló el alcalde de esta localidad, Enrique Bolín.
OPERACIÓN MALAYA
En cualquier caso, la detención de Gómez viene a sumarse a las cerca de 30 que ya se efectuaron en la primera fase de la Operación Malaya. Así, 28 personas fueron detenidas inicialmente en el marco de la operación desarrollada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación comenzó en noviembre de 2005 y desde entonces estuvo orientada a descubrir un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas.
Actualmente están en la cárcel, la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo y presunto 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez; los empresarios Ismael Pérez Peña y Oscar Benavente Pérez; la presunta testaferro Montserrat Corulla, y cuatro abogados del despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano, en Madrid. Para todos estos se ha desestimado por el momento la petición de libertad.
Por su parte, para el empresario Rafael LL. se decretó prisión pero quedó en libertad hace unas semanas tras pagar fianza. Asimismo, el edil de Cultura del Ayuntamiento marbellí, José Jaén, quedó desde el principio en libertad tras abonar la fianza de 30.000 euros que le impuso el juez; al igual que los empresarios José Luis Alonso Boyer y Julio de Marco, que pagaron las fianzas fijadas de 20.000 y 12.000 euros, respectivamente.
Además, se fijó el pago de 90.000 euros para que el letrado Francisco S.Z. saliera en libertad, de 30.000 euros para el también abogado Miguel P.C. y de 20.000 para el jefe de la Policía Local marbellí, Rafael del Pozo.
Asimismo, el juez decretó libertad sin fianza pero con cargos de cohecho y tráfico de influencias contra el empresario Juan Miguel Saavedra y también decidió poner en libertad, aunque con cargos, al secretario municipal del Consistorio marbellí, Leopoldo Barrantes.
De igual modo, el juez Torres puso en libertad, aunque con cargos de blanqueo, a los presuntos testaferros Jaime Hachuel, José Luis Benavente Pérez, Salvador Gardoqui, María Ursula Q.L., Ernesto Ramón Celdrán, a J.B.B.G., presunto testaferro de Roca; y a dos directivos de Portillo.
