MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PP por Almería Rafael Hernando pidió hoy que se depuren responsabilidades políticas contra el alcalde de Carboneras (Almería), el socialista Cristóbal Fernández, después de conocerse que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería ha remitido a la Fiscalía las actuaciones sobre la licencia del hotel del paraje de El Algarrobico al apreciar indicios de delito en la actuación del Ayuntamiento de esta localidad almeriense y de la Junta de Andalucía.
En declaraciones a Europa Press, Hernando señaló que, además de las responsabilidades penales que en su caso puedan producirse, la "mala" actuación en el caso de las licencias al hotel de Azata del Sol merece que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, depure las responsabilidades políticas pertinentes contra Fernández.
"Todo el mundo sabe que la concesión de la licencia y las exenciones que en su día se realizaron a la empresa constructora huelen muy mal", mantuvo Hernando después de que se conociese que el juez de Almería que ordenó en febrero de 2006 la paralización cautelar de las obras del hotel, Jesús Rivera, ha declarado nula la licencia municipal.
Para Hernando, es "evidente" que "desde el principio" la concesión de la licencia para la construcción de la infraestructura, enmarcada dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y en la franja de Dominio Público Marítimo Terrestre, se hizo "muy mal". Sin embargo, en este tiempo "nadie ha querido dar la cara ni se han exigido responsabilidades políticas de ningún tipo".
Así las cosas, a su juicio, "va siendo hora de que el PSOE tome algún tipo de resolución contra el alcalde de Carboneras que ha actuado en este asunto, como parece ser que apuntan los tribunales, de forma irregular".
En este sentido, dudó de que la dirección socialista adopte alguna resolución en contra de Fernández más si se tiene en cuenta que, como subrayó, "lo único que ha hecho" Rodríguez Zapatero con este alcalde fue "concederle un indulto", en referencia a la absolución concedida al alcalde por el Consejo de Ministros tras una condena de seis meses de inhabilitación en cargo público por un delito electoral que había sido ratificada por el el Tribunal Supremo.
