MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los tres diputados regionales imputados en el 'Caso Gürtel', Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch, así como el resto de los 120 diputados que componen la Asamblea de Madrid, mantendrán su aforamiento hasta el mes de junio, momento en que se constituya el nuevo Parlamento tras las elecciones de mayo de 2011, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Esta es una de las diferencias que existen entre el funcionamiento de la Cámara regional y el de las Cortes Generales, donde una vez que el Ejecutivo central hace convocatoria de elecciones las Cortes se disuelven por Decreto.
En Madrid no hay disolución de la Cámara en si misma, sino que en virtud de lo que decida la Mesa, oída la Junta de Portavoces, se pone fin al periodo ordinario y la Diputación Permanente se queda como máximo órgano de la Cámara.
Durante la Diputación Permanente, la Cámara sigue funcionando, de manera que los diputados de la VIII legislatura siguen conservando su escaño hasta que se conforme el siguiente Parlamento en función de los resultados derivados de las elecciones del 22 de mayo.
Se prevé que la composición del nuevo Parlamento tenga lugar en junio. En el caso de la Cámara de la legislatura vigente, su composición tuvo lugar el 13 de junio de 2007. Por tanto, el instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, deberá dictar auto de apertura de juicio oral antes de junio para que los diputados aforados sean enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En caso contrario, la totalidad de la causa pasaría a un Juzgado ordinario de la capital, a excepción de lo relativo a Valencia y a Castilla y León, según han informado a Europa Press fuentes del TSJM.
En la causa están imputadas más de un centenar de personas, entre ellas altos cargos de la Generalitat valenciana y de Castilla y León, cuyas investigaciones se instruyen en los Tribunales Superiores de Justicia de estas Comunidades Autónomas.
La parte que alcanza a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos gobernados por el PP se instruye en el TSJM por el actual aforamiento de los diputados regionales no adscritos y ex parlamentarios del PP López Viejo, Bosch y Martín Vasco.
El caso se destapó el 9 de febrero de 2008 con la orden de detención dictada por el juez Baltasar Garzón contra el empresario Francisco Correa, su mujer, María del Carmen Rodríguez, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, el testaferro de Correa, Antoine Sánchez y la administradora de las empresas de Correa, Felisa Jordán.
Las detenciones se produjeron por su implicación en una supuesta trama de corrupción urbanística y cobro de comisiones ilegales ligada al Partido Popular. Casi dos años después, cumplen prisión preventiva Correa, Crespo y Sánchez.
