MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PP acogió este lunes con "tranquilidad" la decisión del juez que instruye la rama valenciana del 'caso Gürtel' de seguir investigando ante la posibilidad de que los hechos imputados a Francisco Camps puedan ser constitutivos de delito, ya que, a su entender, la gestión del presidente de la Generalitat valenciana es "transparente". Por eso, cree que la Justicia demostrará su inocencia, informaron fuentes de la dirección nacional.
La propia secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya anunció este lunes que la dirección de su partido seguirá defendiendo la presunción de inocencia de Camps, "confiando en la Justicia y defendiendo su presunción de inocencia".
Rajoy, que ha hablado con el presidente de la Generalitat, ha arropado muchas veces en público al presidente valenciano, al que define como una persona "honrada". La última vez fue el pasado 27 de junio en la ciudad del Turia, en un acto para conmemorar el primer aniversario del Congreso de Valencia celebrado hace un año.
COHECHO PENADO CON UNA MULTA LEVE
En 'Génova' consideran que la actuación de Camps como presidente autonómico es "absolutamente incuestionable y transparente" y que no recae sobre él "ninguna sombra de irregularidad", aseguraron las mismas fuentes. Por eso, creen que la Administración de Justicia demostrará su inocencia más pronto o más tarde.
En cualquier caso, inciden en que los posibles hechos constitutivos de delito a los que alude el juez José Flors en su auto se enmarcan en el llamado "cohecho impropio" que recoge el artículo 426 del Código Penal.
Según este artículo, "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses". Se trataría por tanto de una multa leve por haber aceptado regalos pero sin ninguna actuación a cambio.
En cambio, el delito de cohecho propiamente dicho implica haber aceptado dádivas para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa de otro ya realizado. En este último caso, además de la pena de multa, este delito está castigado con suspensión de empleo o cargo público --que puede ir de los seis meses a los quince años--.
VER SI TIENE PRECEDENTES QUE SEA POR JURADO
Ademas, en la dirección nacional del PP se considera "sorprendente" que el magistrado José Flors haya ordenado continuar la causa por los trámites previstos para el Tribunal del Jurado y quieren ver si tiene precedentes esa decisión de juicio oral con jurado, señalaron fuentes 'populares'.
Por lo pronto, Camps ya anunció hoy mismo que presentará un recurso de apelación ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el auto del juez instructor.
