Los directivos de la Ser piden la nulidad de su condena a prisión porque vulnera "flagrantemente" el derecho a informar

Actualizado: miércoles, 13 enero 2010 13:18

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de la cadena Ser, Daniel Anido, y el director de informativos, Rodolfo Irago, han recurrido la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal número 16 de Madrid que les condena a un año y nueve meses de prisión e inhabilitación profesional por desvelar un fraude en las afiliaciones del PP en Villaviciosa de Odón, según informó hoy la cadena en su página web.

En el escrito de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, se pide que se anule la sentencia y se dicte la libre absolución de los periodistas, ya que, se considera que la sentencia "vulnera de forma flagrante el derecho a la información, condena al mensajero e intenta amordazar a los medios de comunicación".

En este sentido, el recurso hace hincapié en que, como reconoce la propia sentencia, la información fue "veraz, contrastada y de interés público" por lo que, como establece el Tribunal Constitucional y el Supremo, el derecho constitucional a transmitir información prevalece en todo caso frente al "pretendido derecho a la intimidad" que alegaban los denunciantes, no pudiendo excluirse de esa protección, en modo alguno, a la página web de la Cadena Ser.

Asimismo, los directivos de la Ser alegan que publicar el nombre de las personas que habían participado en ese proceso de afiliaciones irregulares "no puede ser considerado un delito de revelación de secretos ya que en primer lugar, la intención de la información no era en absoluto revelar la ideología de nadie sino denunciar un fraude y en segundo lugar, la lista era un documento trascendente y relevante para probar la veracidad de la propia información".

En el escrito de apelación, se subraya que la lista de afiliaciones que se publicó en la página web de la Cadena y sobre la que se informó en antena no era un documento secreto y la propia presidenta del PP en Villaviciosa de Odón había denunciado el fraude, cuya finalidad era alterar un proceso electoral interno para favorecer los intereses urbanísticos de dos constructores de la zona.

Además, en el recurso presentado ante la Audiencia Provincial se pone de manifiesto que lo que desveló la SER fue precisamente "la falta de ideología de esas personas", ya que las personas que aparecían en la lista que se hizo pública pretendían afiliarse al PP "para favorecer intereses ajenos a la política y hubieran intentado también afiliarse al PSOE o a IU si esto le hubiera favorecido a los constructores".

El escrito de apelación recuerda asimismo que la propia sentencia reconoce que los periodistas creían actuar de forma honesta y se pregunta cómo puede condenarse penalmente a quienes se dice que pudieron actuar honestamente.

Sobre la inhabilitación, el recurso señala que viene a suponer la "condena del mensajero teniendo como efecto el de servir de mordaza para atemorizar a los medios de comunicación a la hora de desarrollar su legítima y esencial función".

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que solicita una rebaja de la condena impuesta y pide la imposición de una pena de cinco meses de cárcel sustituible por una multa de 4.500 euros -pena que ya solicitó el fiscal durante la celebración de la vista oral- al considerar que la sentencia aplica indebidamente el artículo del Código Penal que regula el delito de revelación de secretos.