SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El actual director general de Mercasevilla, Manuel Blanco, a quien la agencia pública de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ha decidido abrir un expediente disciplinario por "sustracción" de documentación relacionada con expedientes de regulación de empleo (ERE) en la etapa en la que ocupaba un cargo directivo en dicha agencia, ha negado estos hechos, aclarando que "nunca ha sido directivo" de IDEA, al tiempo que ha denunciado "llamadas anónimas y amenazas veladas" desde que abandonó la agencia.
En un comunicado de prensa, Manuel Blanco ha querido mostrar su "más absoluto rechazo" a las actuaciones que "se le atribuyen, negando absolutamente todos y cada uno de los hechos que se han hecho públicos por IDEA", abundando en el hecho de que "nunca ha sido directivo de IDEA", sino que "era un trabajador de carácter laboral, no funcionario, de la agencia al que se le encargó un estudio sobre los ERE". "Este fue el trabajo que se me solicitó y ese fue el que yo realicé entregando mis conclusiones a los directivos de IDEA", ha aseverado.
En segundo lugar, Blanco ha señalado que "en ningún caso" puede ser expedientado por una agencia "con la que actualmente no mantengo ninguna relación laboral al haberme sido denegada, en su momento, la excedencia que solicité al abandonar mi puesto de trabajo" en IDEA, mientras que también ha querido dejar claro que "nunca he sido militante ni, menos aún, cargo de ningún partido político".
"Estas acusaciones sin fundamento se enmarcan, claramente, en la campaña de persecución a la que me he visto sometido desde que abandoné IDEA, con llamadas anónimas y amenazas veladas", ha añadido, subrayando que esta "campaña" tiene como "único" objetivo "tapar las verdaderas responsabilidades de los directivos y el Consejo Rector" de IDEA en el caso de los ERE que está siendo investigado por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
Según ha asegurado, el objetivo de IDEA y de la Junta "debería haber sido siempre depurar responsabilidades de los que han participado directamente en la tramitación y pagos del programa 31L de la Consejería de Empleo, y no desarrollar campañas inquisitorias contra los trabajadores para ocultar su verdadera implicación en los hechos", tras lo que ha advertido de que se reserva el derecho a formular alegaciones "una vez tenga conocimiento" del expediente, así como a ejercer las acciones legales que en derecho correspondan en contra de los responsables.
