Anuncia que su intención es la seguridad perimetral de las cárceles deje de ser contratada a empresas privadas
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha evitado este martes en el Congreso referirse a la cesión de competencias al País Vasco al defender que no depende de él porque es "una decisión al más alto nivel". También ha anunciado que la seguridad exterior de las cárceles volverá a ser asumida por las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que no se renovarán los contratos con empresas privadas.
"La decisión política es al más alto nivel, no me corresponde a mí", ha dicho en una respuesta al PP, que se ha interesado sobre la cesión de las competencias de prisiones al País Vasco, lo que tanto este grupo como Ciudadanos entienden que es un "pago" del Gobierno de Pedro Sánchez por el apoyo del PNV y Bildu en la moción de censura.
"En cuanto reciba la instrucción, me pondré a trabajar en ello. En tanto en cuanto no la reciba, yo gestiono las tres prisiones del País Vasco", ha señalado Ángel Luis Ortiz. El Gobierno y el Ejecutivo vasco han fijado un calendario de cesiones de competencias en cumplimiento del Estatuto de Guernica que incluye, entre otras, las competencias sobre prisiones.
Además de la cesión de prisiones al País Vasco, algo "reclamado históricamente por el PNV y también por ETA", la oposición ha reprochado a Interior sus "mentiras" sobre el acercamiento de presos "con delitos de sangre" o la "foto de la vergüenza", en palabras de la diputada 'popular' Marimar Blanco, que se hicieron la pasada Nochebuena para la portada de un periódico la líder del PSE, Idioia Mendia, y el "terrorista Otegi".
CAMPO DE GIBRALTAR Y EQUIPARACIÓN SALARIAL
Podemos, por su parte, ha cuestionado los centros de internamientos para extranjeros (CIEs) o la sustitución de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, además de los 12 millones de euros destinados para el plan de ayuda del Campo de Gibraltar, ya que ha recordado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en noviembre que serían 21 millones.
En su turno, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, ha defendido el compromiso del Ejecutivo con el Campo de Gibraltar aportando datos como que en la actualidad hay destinados 413 funcionarios más en la zona, 185 policías y 228 guardias civiles, dedicados a la lucha contra el blanqueo y a la delincuencia derivada del narcotráfico.
Otra de las explicaciones más demandadas por la oposición ha sido relativa a la auditoría acordada con los sindicatos de la Policía Nacional y la asociaciones de la Guardia Civil en relación con el acuerdo de equiparación salarial aprobado por el anterior ministro, Juan Ignacio Zoido. Ana Botella Gómez ha anunciado que dicha auditoría finaliza en febrero y que será entonces cuando informarán si son correctas las cantidades consignadas para subir el sueldo entre 2018 y 2019.
En este punto, Ana Botella ha mantenido un diálogo con Ciudadanos y el PP, que le preguntaban si en 2019 los policías y guardias civiles cobrarán en su nómina de este mes de enero la primera cantidad del total de 250 millones comprometidos en el año en curso. "Desde el 1 de enero van a cobrar", ha dicho, aunque matizando la secretaria de Estado que la partida se puede retrasar si no se aprueban los Presupuestos de 2019.
El director de Instituciones Penitenciarias ha aprovechado el debate previo sobre la subida salarial de policías y guardias civiles para irónicamente preguntarse por la falta de cuantía destinada a los funcionarios de prisiones. "Entre el padre y la madre, dejaron ustedes huérfanos a los funcionarios de prisiones. No aprovecharon el viaje para hacer la equiparación de todos los funcionarios del Ministerio", se ha quejado.
