MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los doce acusados de perpetrar actos de 'kale borroka' entre junio de 1994 y enero de 1997 en el País Vasco y Navarra volvieron hoy a negar ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional cualquier tipo de participación en acciones de violencia callejera, así como pertenecer a Jarrai y haber colaborado con la organización terrorista ETA.
Los procesados, entre ellos Joseba Mirena Higuera, "El Abuelo", volvieron a declarar en la sesión de hoy después de que el tribunal cambiase de presidente, al aceptar la recusación formulada por las defensas contra la magistrada Ángela Murillo que había participado en la resolución de distintos recursos de apelación presentados durante la instrucción. Ángel Hurtado sustituyó a Murrillo como presidente del tribunal.
Al igual que en la anterior ocasión, los doce acusados manifestaron a preguntas de sus letrados no tener conocimiento ni haber participado en ninguno de los actos de 'kale borroka' por los que se les acusa, entre los que se encuentra el lanzamiento de "cócteles molotov" contra un coche de Policía en el que dos agentes resultaron heridos, uno de ellos muy grave.
El fiscal pide para los doce procesados penas de entre 9 y 58 años de prisión por los delitos de colaboración con banda armada, lesiones terroristas, tenencia ilícita de armas, tenencia de sustancias explosivas, daños, estragos e incendio.
NIEGAN SU PARTICIPACIÓN.
El primero en declarar ante el tribunal fue "El Abuelo", quien se enfrenta a 58 años de cárcel por todos los delitos anteriores con la agravante de reincidencia, salvo el de lesiones terroristas. En su declaración, negó haber reclutado jóvenes para la 'kale borroka', así como pertenecer a ETA o a KAS y haber participado de los actos por los que se le acusa.
Según el fiscal, "El Abuelo" era el encargado de reclutar jóvenes para las acciones violentas, les proporcionaba material e instrucción para cometerlas, fijaba objetivos y reivindicaba los actos de 'kale borroka' ante el diario "Egin".
"El Abuelo" sostuvo durante el interrogatorio de su abogada que nunca actuó como "responsable externo" o "dinamizador" de los "grupos Y", que cometían las acciones de 'kale borroka' siguiendo instrucciones de ETA para crear un "clima de inseguridad colectiva".
En el registro a su domicilio, la Policía se incautó de multitud de materiales para confeccionar artefactos explosivos, como cócteles molotov o napalm casero, una escopeta, un revólver de perdigones o tacos de madera con punta metálica para confeccionar cohetes-flecha.
A preguntas de su abogada, Mirena justificó la existencia de sosa en su casa para hacer jabón, así como clorato potásico para la garganta y de nitrato patásico para las plantas.
En los mismo términos declaró Alberto Pio Oyaga, para quien el fiscal pide 43 años de prisión. Pio negó haber actuado como "dinamizador", ordenando y planificando las acciones violentas, y encargándose de fabricar y almacenar los cócteles molotov, tal y como sostiene el fiscal.
El resto de acusados manifestaron también que nunca han pertenecido a Jarrai ni a ningún otro grupo que perpetrase acciones de 'kale borroka'. Todos ellos negaron también haber colaborado con ETA o que la banda armada les propusiese integrarse en la misma.
VEHÍCULO POLICIAL.
Entre los actos de los que les acusa el fiscal se encuentra el lanzamiento de cócteles molotov en septiembre de 1996 contra un vehículo de la Policía Nacional de Pamplona. Los dos agentes que se encontraban dentro del coche resultaron heridos. Uno de ellos sufrió quemaduras de segundo grado en el 13% de su cuerpo, que precisaron 170 días para curar y le dejaron numerosas cicatrices. Como resultado de las heridas y del daño psicológico, el agente sufrió incapacidad permanente para ejercer su profesión.
También se les imputa el incendio con "cócteles molotov" de dos camiones de TVE, también en Pamplona, cuando dos vigilantes jurados custodiaban los vehículos, alcanzando a uno de ellos uno de los artefactos arrojados sin producirle lesiones.
Otros ataques por los que el fiscal acusa a los procesados se dirigieron contra la Comandancia de Marina de San Sebastián, autobuses urbanos, vehículos policiales, cabinas telefónicas, cajeros automáticos y sedes bancarias.
