Se tratan de la directora general de Consumo en 2008, Etelvina Andreu, y la subsecretaria Consuelo Sánchez Naranjo
MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Carmen Huerta, ha citado mañana a declarar como investigadas a Etelvina Andreu y Consuelo Sánchez Naranjo, ambas ex altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por el concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad en 2008 a la empresa Crespo Gomar, que trabajó para el PSPV y que está siendo investigada por financiar presuntamente de forma irregular a este partido.
Estas declaraciones, y las de otros investigados, estaban inicialmente previstas para el 21, 24 y 30 de mayo, pero la juez instructora las suspendió debido a que algunos investigados en este caso pidieron ser defendidos por la Abogacía del Estado. También porque Andreu solicitó comparecer por videoconferencia.
Andreu fue nombrada directora general de Consumo en 2008 y un año antes había sido candidata a la Alcaldía de Alicante, mientras que Sánchez Naranjo ocupó el cargo de subsecretaria de Sanidad y Consumo, también en el segundo mandato de Zapatero. Ambas están investigadas por los delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.
Las declaraciones tendrán lugar a partir de las 10.00 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y también deberán comparecer dos funcionarias que integraron la Mesa de Contratación. La juez también ha llamado a otros seis integrantes del mismo órgano para el 28 de junio y el 2 de julio.
ADJUDICACIÓN POR MÁS DE 184.000 EUROS
Según el auto de inhibición del Juzgado número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc --partido mayoritario en la coalición de Compromís-- entre 2007 y 2011, la adjudicación pública por el importe de 184.138 euros a la agencia de comunicación Crespo Gomar se hizo a través de Etelvina Andreu.
El juzgado madrileño acordó investigar este concurso público después de que la juez de Valencia le remitiese parte de la causa al considerar que podía ser constitutivo de delito, al igual que otra adjudicación realizada en 2009 por el Ministerio de Vivienda, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, donde también se encuentra imputado Alberto Gomar, hijo del ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía y gerente de la agencia de comunicación.
En diciembre de 2016, el juzgado valenciano comenzó a investigar por prevaricación, malversación y un delito electoral a los socialistas valencianos y a Bloc tras recibir un informe de la Policía Nacional que apuntaba que la empresa facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.
Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.
