MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
La asociación Dignidad y Justicia solicitó esta tarde al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que prohíba la celebración prevista para mañana por la tarde de marchas en los municipios vascos contra la política penitenciaria del Gobierno.
Las concentraciones, convocadas por representantes de Etxerat, se realizarán en protesta por el fallecimiento, el pasado sábado, de la suegra de un preso de ETA en accidente de tráfico cuando se dirigía a visitar al encarcelado que se encuentra en una prisión de Teruel.
Además, el movimiento pro-amnistía ha llamado a celebrar el próximo día 31 a las doce de la mañana manifestaciones en todas las localidades del País Vasco.
Según el escrito de Dignidad y Justicia, al que ha tenido acceso Europa Press, estas convocatorias han recibido el apoyo de los sindicatos LAB, EHNE, STEE-EILAS y ELA así como de la organización juvenil Segi y de la izquierda abertzale en su conjunto.
La asociación reproduce las declaraciones realizadas por la representante de Etxerat Mila Maiztegi en una rueda de prensa celebrada para anunciar la convocatoria. Así, indica que la portavoz de la asociación de familiares de presos culpó al PSOE y el PNV del fallecimiento e indicó que esta muerte "entraba en sus cálculos".
El escrito menciona, además, otros actos de apoyo a los presos realizados en distintas localidades y cita de forma concreta el recorrido realizado en el barrio de la Txantrea de Pamplona por una coral de apoyo a los presos el día de Navidad.
Informa de que la asociación tiene constancia de que una de las manifestaciones mencionadas se celebrará en la localidad de Algorta (Vizcaya) a las ocho de la tarde de mañana, según consta en distintas páginas web.
Dignidad y Justicia considera que las concentraciones están avaladas por Segi, ilegalizada por sentencia del 19 de enero de 2007 del tribunal Supremo, y que por ello su celebración constituiría una actuación ilícita y vulneraría la suspensión de actividades impuesta.
Por todo ello solicita "con carácter de urgencia" al juez que pida informes a la Policía y la Guardia Civil con objeto de que comprueben los hechos y pide a Garzón que una vez ratificados proceda a la prohibición de las concentraciones.
