SAN SEBASTIAN, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo de EA en Juntas de Guipúzcoa presentó hoy una propuesta de resolución en la Cámara guipuzcoana para que la misma "repruebe el acosamiento y detención" por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de industriales vascos "víctimas de la amenaza y el chantaje revolucionario de ETA".
En un comunicado, el grupo juntero de EA consideró "loable" intentar "atajar las vías de financiación de ETA" y en ese contexto entendió que "acabar con la extorsión del 'impuesto revolucionario' es también una prioridad ética".
No obstante, calificó de "inaceptable tratar a la víctima de la extorsión como cómplice de la misma", sin valorar "el estado de necesidad (amenaza de muerte o de secuestro propio o de familiares) bajo el que muchos sucumben ante el chantaje de ETA".
Además, los junteros de EA en Juntas de Guipúzcoa indicaron que "es el propio Estado, del que la justicia es uno de los brazos, el que ha fallado en su obligación principal, proteger a los ciudadanos de la amenaza de la organización terrorista".
A su juicio, las detenciones de José Antonio Jainaga y Jesús Guibert, y el encarcelamiento de las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz "han creado un estado de alarma en el colectivo de empresarios vascos, chantajeados y perseguidos por ETA y ahora bajo la amenaza de procesamiento judicial".
Por ello, EA pidió al Parlamento guipuzcoano que inste "a la judicatura a que, para lograr el necesario desmantelamiento de la red de extorsión económica de la organización terrorista, se ocupe del seguimiento y detención de los causantes del chantaje y la extorsión", en lugar de "hostigar a las víctimas".
Asimismo, propuso "instar a los Gobiernos español y vasco a que no escatimen esfuerzos para proteger eficazmente a sus ciudadanos amenazados por el terrorismo" y que, específicamente, "pongan todo su empeño en lograr el final de la extorsión económica que padece el empresariado vasco".
