MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas debatirá mañana en el Congreso una propuesta de resolución del PSOE en la que se reclama "velar de forma especial por el seguimiento" de los procesos de privatización, a raíz del caso de la venta de la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología (Initec) en 2000, cuyos ingresos fueron inferiores a lo que la SEPI tuvo que desembolsar en forma de compromisos.
El Tribunal de Cuentas denunció en su momento que la venta de Initec no sólo no supuso beneficio para la SEPI, sino que la privatización representó una pérdida de casi nueve millones de euros. Además, la Fiscalía apreció indicios de responsabilidad contable en determinados pagos efectuados por la SEPI a los compradores de Initec, por lo que este proceso de privatización se está analizando la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal.
El PP, que gobernaba cuando se vendió esta empresa nacional, centra sus demandas en reforzar el papel del Consejo Consultivo de Privatizaciones en este tipo de ventas, ya que los 'populares' defienden que el proceso de Initec no se desarrolló bajó "irregularidades" ni de manera "contraria a la ley", y culpan del sobrecoste para la SEPI a "los gastos de personal". Eso sí, recalcan que esta operación se ha visto compensado en otras privatizaciones llevadas a cabo por el Gobierno del PP.
En sus propuestas de resolución, el PP insta al Tribunal de Cuentas a que impulse el refuerzo del papel del Consejo Consultivo de Privatizaciones en ventas de empresas públicas como la Initec. Este matiz es el que lo diferencia básicamente de las propuestas de los socialistas, con los que coinciden en pedir que "en la formalización de los contratos suscritos para la privatización de empresas públicas se recojan en un único documento todos los compromisos de las partes y demás circunstancias esenciales de la operación".
De esta manera, tanto PSOE como PP creen que se evitaría "la suscripción de documentos adicionales que modifiquen lo acordado en el principal". Según asegura el PP, "este tipo de actuación da lugar a confusión y dificulta el conocimiento y control de lo realmente convenido".
Ambas formaciones mayoritarias también ven conveniente que el acuerdo del Consejo de Ministros se refiera expresamente a todos los compromisos y condiciones pactadas en el documento privado de compraventa. A este punto, los 'populares' añaden la propuesta de que el Consejo Consultivo de Privatizaciones informe de todos esos compromisos en su dictamen.
MÁS GARANTÍAS.
Asimismo, apuestan por que en la formalización de los contratos de enajenación de empresas públicas, el precio de la enajenación no quede sometido a ajustes, exceptuando los aspectos imposibles de cuantificar en el momento de la formalización del contrato. Socialistas y 'populares' coinciden además en que la entidad vendedora debería tratar de que las garantías a favor de terceros se ciñan "estrictamente a los términos establecidos en el contrato".
Donde incide el PSOE es en exigir que se adopten los instrumentos necesarios para velar de forma especial por el seguimiento y cumplimiento de los distintos compromisos de carácter económico o laboral asumidos en los procesos de privatización.
Sin embargo, los 'populares' instan al Tribunal de Cuentas a que, en esta clase de procesos en los que se asuman por las partes compromisos que deben cumplirse después de la formalización del contrato de transferencia de las participaciones sociales, el Gobierno requiera la actuación del Consejo Consultivo de Privatizaciones hasta que los compromisos queden ejecutados en su integridad.
