El PP quiere retrasar el trámite para llegar a un acuerdo con PSOE y CiU que permita vetar OPAs de empresas extracomunitarias
MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El PP y el PNV aprovecharán el trámite en el Senado de la reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas para tratar de corregir la enmienda que contempla la supresión de las limitaciones de los derechos de voto en las sociedades cotizadas, conocidas como 'blindajes empresariales', y que el PSOE logró sacar adelante en el Congreso con el apoyo de CiU.
Así lo confirmaron a Europa Press fuentes 'populares' y de los nacionalistas vascos, un mes después de que la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja aprobara la propuesta para prohibir estas limitaciones, que recogen los estatutos de empresas como Iberdrola, Repsol YPF y Telefónica. Mientras el PP, junto a Coalición Canaria, se abstuvo en dicha votación, el PNV se pronunció en contra, al igual que ERC-IU-ICV.
La norma acaba de arrancar su tramitación en el Senado, tras un retraso de varias semanas debido a que hubo que corregir varios errores en la votación del Congreso del pasado 6 de abril, que llevaron a que se aprobaran varias enmiendas contradictorias en relación con la labor de los auditores, el objeto original de la norma.
CAMBIAR LA LEY DE OPAS
Los grupos en la Cámara Alta tienen hasta el próximo viernes para presentar nuevas enmiendas al proyecto, si bien el PP ha solicitado su ampliación, una petición que, de prosperar, podría retrasar la aprobación definitiva de la norma, pero abre la posibilidad de ampliar el margen de acuerdo.
Así, los 'populares' presentarán la misma transacción a la enmienda de los 'blindajes' que presentaron 'in extremis' para el debate en la Cámara Baja y que plantea un cambio a la Ley del Mercado de Valores en lo referido a la regulación de las Ofertas Públicas de Adquisición, con el objeto de fomentar el control sobre las participaciones y la obligatoriedad solidaria de lanzar OPAs.
Así, esta formación abogaba por potenciar el control de las inversiones extracomunitarias que alcancen más del 25% de los derechos de voto en el capital de una compañía, para evitar aquéllas que supongan un "riesgo para la seguridad pública", por lo que se facultaría al Ministerio de Industria para "verificar" que no existe dicho peligro, tal y como ocurre en otros países.
Fuentes 'populares' remarcaron a Europa Press que plantean su propuesta como una "adición" al texto avalado por PSOE y CiU y no descartan que se produzca un acuerdo que garantice la protección de los intereses nacionales en empresas de sectores estratégicos, como Iberdrola y Repsol, ante la entrada de capitales de países extracomunitarios.
ACUERDO "FIRME" ENTRE PSOE Y CIU
Más difícil lo tiene el PNV, que propone que la eliminación de los límites de los derechos de voto sólo se aplique en el caso de que un accionista "externo" se haga, a través de una OPA, con un mínimo del 75% del capital con derecho de voto de una compañía, momento a partir del cual se podrá 'levantar' el 'blindaje', para proteger loa intereses de los minoritarios.
Desde el PSOE y CiU se considera "coherente" y "previsible" la posición de PP y PNV, pero sus ponentes eluden avanzar cómo pueda desarrollarse la negociación. En cualquier caso, ambas formaciones suman una mayoría suficiente para corregir cualquier modificación no deseada introducida por la Cámara Alta cuando el texto vuelva al Congreso para su votación definitiva, prevista para junio. La norma en ningún caso entrará en vigor antes del verano.
NO "INTERFERIRÁ" EN LAS JUNTAS DE 2010 NI DE 2011
Y es que, tras una intensa negociación a lo largo de más de mes y medio, durante la que se retrasó el debate hasta en dos ocasiones, los socialistas sólo lograron el apoyo de la federación catalana a cambio de modificar su contenido para proteger el marco de las sociedades anónimas no cotizadas, que podrán mantener estos blindajes.
Asimismo, se acordó retrasar EN un año la entrada en vigor de la modificación para garantizar una "transición pacífica" en las empresas y no "interferir" en sus juntas de accionistas. Además, las empresas que salgan a Bolsa dispondrán de un tiempo no superior a un año para adaptar sus estatutos a la supresión de estas limitaciones.
