En la Comisión de Investigación de las Cortes sobre la gestión de Caja Inmaculada desde el año 2000
ZARAGOZA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El exdirector general de Caja Inmaculada (CAI), Tomás García Montes, ha afirmado este martes en su comparecencia ante la Comisión de Investigación de las Cortes sobre la gestión de esta entidad entre 2000 y 2013, que ha sido "víctima" de un "linchamiento" y ha negado "tajantemente" que haya habido malas prácticas.
"Se cumplió en todo momento la normativa, los estatutos y los procedimientos de gestión del riesgo, la gestión fue adecuada en todo momento a lo que decían los procedimientos", ha dicho el exdirectivo de CAI. Ha aseverado que no hubo "mala práctica" en "ningún caso".
Ha añadido que "si hubiera habido mala gestión los auditores lo tendrían que haber dicho" y que no se siente responsable "en absoluto" de la crisis de CAI que, en 2009, tenía "liquidez suficiente para decidir su futuro".
García Montes, que fue director general entre 2005 y 2009, está imputado por la juez Soledad Alejandre, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, por cometer presuntamente los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal durante esta etapa.
"EL ORIGEN DE LAS COSAS"
A preguntas de los miembros de la Comisión, el exdirector general ha opinado sobre la destitución de Rafael Alcázar en 2008, siendo sustituido en la presidencia de CAI por Antonio Aznar: "este es el origen de las cosas" y "el resto es humo", ha aseverado.
García Montes ha reconocido que "la entrada de Alcázar chocó conmigo", ya que "él quería ser presidente ejecutivo y los estatutos dicen que el primer ejecutivo es el director general", cargo que ostentaba el compareciente.
En este contexto, "tuvimos muchos enfrentamientos conocidos por los miembros del Consejo". García Montes le decía a Alcázar que plantease al Consejo sus quejas "respecto de mi estilo" y que incluso propusiese su cese, pero "él nunca llevó el tema --al Consejo-- porque sabía que no tenía apoyo suficiente".
Ha negado que Rafael Alcázar advirtiera de la concentración de riesgo inmobiliario, y ha añadido que en 2006, cuando tomó posesión, "dijo que la caja tenía que duplicar el tamaño de su balance".
García Montes ha comentado que ya en 2008 "los consejeros no se sentían cómodos con el presidente" y se produjo un "golpe de Estado" en el que Alcázar fue reemplazado por Antonio Aznar, momento en el que los consejeros "se dieron cuenta de que todo estaba mal".
Ha resaltado que no tiene "nada que ver con aquello, a pesar de que todo el mundo me culpa a mí". La situación es "muy delicada" y los Consejos de Administración "pasaron de ser una reunión donde se explicaban cosas a ser una especie de oposición". CAI redujo su riesgo inmobiliario y disminuyó el número de empresas participadas.
El cese de García Montes se produce en el contexto del proceso de fusión, luego desechado, con Caja Rioja y Caja Insular de Canarias, que él defendió, rechazando la SIP con Caja3 lo que, a su juicio, contribuyó a su cese, lo que él aceptó "por el bien de la caja".
CAI tenía "autoridad moral" sobre Caja Rioja y Caja Insular de Canarias y "bastante era que conserváramos la tecnología, los valores y los servicios centrales" en Zaragoza, ha considerado el exejecutivo, quien ha negado que este proceso hubiera derivado en la integración en Bankia. El "trauma laboral" era mucho menor con esa solución que con la que finalmente se ha producido, la integración en Ibercaja.
El 29 de diciembre de 2009 "la caja tenía que haber firmado un compromiso de fusión sin marcha atrás, llevábamos todo el año trabajando" para encontrar "la mejor solución", esta SIP, que el Banco de España apoyaba. "Por eso me indigna que en apenas 20 días den marcha atrás y elijan un camino que les ha llevado adonde están ahora".
En 2009 la caja "no tenía problemas, tenía que seguir gestionando la crisis", ha proseguido el compareciente, quien ha lamentado que con el nuevo equipo directivo se acometió una fusión distinta, la SIP con Caja Badajoz y Caja Círculo de Burgos para formar Caja3.
Tras ser cesado, "la persona que nombraron no era adecuada", ya que "nunca antes había tenido responsabilidad en el negocio inmobiliario y no habría desmontado los equipos" de Juan Antonio Iglesias y Fernando Casasnovas, que "llevaban dos años y medio luchando contra la crisis".
CAI INMUEBLES
García Montes ha expresado que, desde la creación de CAI Inmuebles, en el año 2000, se fijó un límite de riesgo del 15% y que si los promotores realizaban operaciones en otras comunidades "en algunos casos se advertía de que la caja no financiaría nada". En 2009 la participación se situaba entre el 30 y el 40%.
Revisaba las inversiones el comité ejecutivo de préstamos de la entidad. CAI Inmuebles estuvo auditada "desde el primer día" por Deloitte a propuesta del directivo Jesús Tejel, lo que "nos pareció muy interesante a todos los consejeros". De este modo, ha precisado que "no ha habido ocultación" de datos ni actividades.
En esta filial era el Consejo de Administración el que controlaba las operaciones, gran parte de las que presentaba el entonces directivo Juan Antonio Iglesias, quien ha hecho "un trabajo estupendo" y que se dedicaba a tiempo completo a la gestión. También proponía inversiones el exejecutivo de CAI, Javier Ratón.
Ha explicado que los proponentes exponían "las circunstancias", el plan de negocio, informaban de cómo se iba cumpliendo, se analizaban las alternativas "y se tomaba la decisión más adecuada de cara al gobierno de las sociedades". Ha aclarado que los préstamos a los promotores los daba la caja, no la filial inmobiliaria.
"LÍMITES VOLUNTARIOS"
Tomás García Montes ha indicado que en 2007, cuando comenzó la crisis económica, en el transcurso de una inspección el Banco de España "nos dijo que nos pusiéramos unos límites voluntarios para la financiación a la vivienda" y CAI decidió establecer una separación completa entre las áreas de riesgo y negocio. El antiguo banco emisor también estableció la obligación de informar trimestralmente al Consejo de Administración sobre las participadas, lo que se llevaba a cabo.
El exejecutivo de la entidad ha dicho que a los miembros del Consejo se les informaba sobre el entorno económico, los estados financieros con las variaciones mensuales y anuales, así como las actividades desarrolladas por los comités ejecutivos y de préstamos, y de la Obra Social. También se aportaban datos sobre el control de los distintos riesgos y las modificaciones del ordenamiento jurídico.
El responsable de la auditoría interna comparecía ante el Consejo y se veían todas las operaciones de préstamos de todos los segmentos de negocio de la caja, incluidas las sociedades participadas por CAI.
El comité ejecutivo de inversiones recibía información mensual de la evolución de las sociedades participadas en reuniones a las que asistía el director de esta área, Agustín Lalaguna, acompañado de la persona que más conociera las empresas participadas, como CAI Inmuebles o CAI Bolsa.
La auditoría de la caja contemplaba en sus informes todas las sociedades participadas y antes de presentar las cuentas se facilitaba a todos los consejeros los estados financieros.
Ha restado importancia al requerimiento del Banco de España en 2010 respecto a unos "errores" cometidos en 2009, lo que "no debía ser muy grave" porque el órgano supervisor tardó un año en comunicarlo.
También ha mencionado la relación con los sindicatos, indicando que "como se veía venir la crisis" propuso al Consejo congelar la plantilla, potenciar los sistemas telemáticos y abrir oficinas con horarios ampliados. Negoció con los sindicatos pero "nunca" se alcanzó un acuerdo.
Respecto al Gobierno aragonés, ha tildado de "excelente" su relación con el consejero de Economía Eduardo Bandrés (1999-2006) y con Alberto Larraz (2006-2011) "fue también muy buena".
