ERC propone incorporar las autonomías al Consejo de la CNMV y que el Congreso pueda vetar vocales
MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El proyecto para la reforma del la Ley del Mercado de Valores entra en su tramo final para la tramitación del proyecto, sin oposición de los grupos parlamentarios, ya que sólo se han presentado enmiendas parciales por parte de PSOE, PP, CiU, IU-ICV y ERC.
Este proyecto supone la modificación parcial de la Ley del Mercado de Valores (LMV) para la trasposición la nueva Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros (Mifid) que afectará tanto a instituciones financieras y plataformas de negocio, como a empresas de servicios de inversión y de protección al inversor.
El Consejo de Ministros aprobó en julio la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que modifica la Ley del Mercado de Valores de 24 de julio de 1988 con el objetivo de adaptarla a la legislación europea y mejorar la protección al inversor, para lo que solicitó su tramitación parlamentaria mediante el procedimiento de urgencia.
Otro de los principales objetivos de la reforma es mejorar la potestad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y potenciar la cooperación transfronteriza entre supervisores. Además, se producirán mejoras en la protección del inversor, con el fin de que las empresas que prestan servicios de inversión sean más transparentes y adecuen las ofertas de inversión al perfil del inversor.
Además, se ha trasladado la autorización para la creación de mercados secundarios al ministro de Economía y Hacienda (en la actual Ley corresponde al Consejo de Ministros) con la finalidad de dotar de "mayor agilidad al procedimiento y reflejando asimismo, el régimen existente en los países de nuestro entorno".
De esta forma, el Gobierno tiene previsto trasponer la Mifid, o Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros; otra Directiva comunitaria de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica una tercera Directiva relativa a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva; y una cuarta Directiva comunitaria de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito.
El Proyecto de Ley obliga a las empresas de servicios de inversión a divulgar en el mercado información sobre los aspectos clave de su perfil de negocio, como la exposición al riesgo y las formas de gestión del riesgo. Esta información obligada, que se conoce como "la disciplina de mercado", irá contenida en un documento denominado "información sobre solvencia" que tendrá, al menos, una periodicidad anual.
ERC PROPONE INCORPORAR LAS AUTONOMÍAS AL CONSEJO DE LA CNMV.
El grupo parlamentario de Esquerra Republicana per Catalunya (ERC) ha aprovechado su enmienda al proyecto para pedir que se amplíe hasta nueve el número de miembros que componen el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), abriendo la puerta a que las comunidades autónomas puedan proponer candidatos y permitiendo que el Parlamento pueda vetar nombramientos de Economía.
Por su parte, el Grupo Socialista ha presentado tres enmiendas al proyecto, entre las que figura una modificación con la que se pretende eliminar las "restricciones innecesarias" en la regulación de los préstamos de los valores negociados en los mercados secundarios oficiales, al entender que impone a la regulación de estas operaciones condiciones inexistentes en otros países.
En este sentido se pronuncian también las enmiendas del Partido Popular, que además exige restringir el ámbito de aplicación de la ley sobre las entidades de crédito exclusivamente en la parte de su actividad que se refiere a a la prestación de servicios de inversión, al entender que la Mifid no resulta aplicable a los productos bancarios entidades de crédito.
El grupo parlamentario de Convergència i Unió (CiU) hace hincapié con sus enmiendas en la necesidad de no "circunscribir exclusivamente" la actividad de los servicios de liquidación creados por las comunidades autónomas a los valores admitidos a negociación en una única Bolsa.
Por último, el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) destaca la obligación de que las sociedades de inversión mantengan inscrito en el registro los contratos con sus clientes al menos 15 años después de su finalización.
