MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, su hermano y segundo accionista de Bankinter, Jaime Botín, y el presidente de Banesto entre 1993 y 2002, Alfredo Sáenz, declararán hoy como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por su actuación en el proceso de compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta, empresa vinculada a la familia de Rodrigo Rato, por la que Banesto pagó 6 millones de euros en 1999.
Los hermanos Botín y Sáenz serán los primeros en declarar entre los 15 imputados en esta causa, donde también está imputados el ex ministro de economía y ex gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato y su hermano, Ramón Rato, que comparecerán ante el juez el próximo 27 de mayo.
El juez titular, José Sierra, pidió el pasado mes de abril la comparecencia de todos ellos dentro de la causa penal motivada por la querella presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui y ampliada posteriormente en 2005 por Antonio Panea, abogado y accionista del Banco Santander y de Banesto.
El juez les imputa a todos ellos presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información durante la compra de la empresa. Rato fue imputado en la causa tras abandonar su cargo al frente del FMI en junio de 2007 que le otorgaba inmunidad.
GANARSE EL FAVOR DE RATO.
Según explica la querella presentada por Panea, durante el primer trimestre de 1999 Emilio y Jaime Botín "con el fin de ganarse el favor de Rato", entonces ministro de Economía y Hacienda, formalizaron la adquisición del 43,5% de Aguas de Fuensanta a la familia Rato cuando la empresa "presentaba una situación de quiebra técnica".
El precio pagado por Banesto en 1999 "suponía valorar el cien por cien de la sociedad en 13,2 millones de euros, lo que no tenía justificación alguna dada la penosa situación económica y patrimonial de la empresa ", según la querella.
En 1998, Aguas de Fuensanta registraba deudas por valor 94,4 millones de de euros, "cantidad que superaba con creces a los fondos propios fijados en las cuentas de ese ejercicio en 6,9 millones de euros", explica la querella.
El querellante aclara que "si en 1998 el beneficio neto de la empresa fue de 122.000 euros, una valoración de la sociedad en 13,2 millones de euros "implicaría que Banesto tardaría 108 años en recuperar la importante cantidad invertida en Aguas de Fuensanta".
En la querella también se alega que Ana Patricia Botín, actual presidenta de Banesto y sucesora de Sáenz, reconoció en la junta general de accionistas celebrada en mayo de 2002 que el precio pagado a la familiar Rato fue para la "cancelación de riesgos crediticios de los vendedores que de otro modo, hubieran sido difíciles de cobrar", según las palabras textuales recogidas por el querellante.
FAVORES JUDICIALES COMO PEAJE.
"¿En qué consistió el verdadero motivo del altísimo peaje?", pregunta Panea en su querella. El abogado considera que Emilio Botín recibió una "especial benevolencia" por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado en la causa que tramitaba la Audiencia Nacional por delitos contra la Hacienda Pública por el 'caso de las cesiones de crédito', ya que Banesto podía cobrar dichos créditos.
"La única explicación posible -según el principio 'qui prodest'- es que el propio Rato puso en juego su enorme influencia para que se adoptaran las medidas" para que estos organismos pasaran de "acusar a defender", explica el querellante.
Asimismo, Panea acusa a los administradores de Banesto y del banco de Santander de "ocultar en la información contable" a los accionistas sobre la compra de Aguas de Fuensanta en las sucesivas juntas de accionistas celebradas entre 1999 y 2003, y mantiene que dicha operación "fue contraria a los criterios de actuación seguidos para alcanzar el saneamiento de Banesto".
