MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Morosidad, que entró en vigor hace cuatro años, no ha conseguido cumplir su objetivo de reducir la morosidad en las operaciones comerciales por lo que resulta necesario revisar la normativa para mitigar los problemas de solvencia de las empresas españolas, según informó hoy Intrium Justitia en un comunicado.
La empresa de gestión de cobros explicó que "el desconocimiento del contenido de la normativa, así como las malas prácticas de pago están impidiendo su correcta aplicación".
El riesgo en las operaciones comerciales en España se ha incrementado este año un 1% respecto a 2007. De hecho, es la primera vez que se incrementa este índice de riesgo después de cuatro años de descenso continuado, explicó la empresa.
Intrum Justitia consideró que la normativa sigue planteando "cierto desconcierto y polémica" y se mostró "a favor" de revisar la Ley, después de que el Gobierno se pronunciara ayer en este sentido e insistiera en la necesidad de agilizar los retrasos en los pagos por parte de la Administración Pública.
El director general de Intrum Justitia Ibérica, Luis Salvaterra, afirmó que "la actual situación de desaceleración económica va a incrementar notablemente las dificultades de cobro de muchas empresas".
La empresa de gestión de cobros propone respetar el plazo de pago de 30 días recomendado en la Ley de Morosidad para las administraciones públicas. Según un estudio elaborado por Intrium Justitia, la Administración tarda de media más de 145 días en pagar sus deudas.
Además, la media del plazo de pago real en los países europeos es de 59,2 días frente a los 90 días de media en que se sitúan los pagos en España.
Para solucionar esta situación, Intrium Justitia recomienda a las empresas implementar una política de crédito adecuada a la solidez financiera, establecer dos limites de crédito a cada cliente, actualizar los datos de facturación, pedir un informe comercial antes de hacer una venta a crédito y fijar unos plazos de pago flexibles.
