MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado recurso de reforma contra el auto que archivó el pasado 28 de abril las actuaciones contra el actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, por su actuación en el proceso de OPA sobre Endesa.
Manos Limpias solicita la revocación del sobreseimiento al considerar que el auto del juez "carece de la debida fundamentación" y que su línea argumental está basada en "meras opiniones", según el recurso al que tuvo acceso Europa Press. Este recurso se suma al presentado por la acusación particular del Partido Popular.
El sindicato alega que se ha producido "no una mera irregularidad procesal ordinaria, sino una vulneración constitucional cierta", y que con el archivo el juez "ha impedido conocer en profundidad" las actuaciones de los imputados, que "impidieron presumiblemente la libre competencia del mercado y favorecieron las prácticas monopolísticas y el abuso de poder".
El auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, sobreseyó la causa al considerar que no resultó "debidamente justificada" la perpetración de los delitos denunciados por el PP, la Plataforma España y Libertad y el sindicato de funcionarios Manos Limpias.
Manos Limpias presentó denuncia contra Sebastián, Arenillas, el asesor económico de la Oficina Económica del Gobierno y actual presidente de Seopan, David Taguas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También fueron denunciados los consejeros del organismo regulador Soledad Núñez, Soledad Abad y José Viñals.
El sindicato denunció a los consejeros por el acuerdo adoptado el 2 de abril de 2007, que impidió la apertura de expediente sancionador a Enel y Acciona por el proceso de OPA sobre Endesa. El entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe, dimitió a raíz de esta negativa.
Posteriormente, Manos Limpias amplió su querella denunciando la presentación ante la CNMV de un dossier informativo con el fin de desprestigiar al presidente del BBVA, Francisco González.
Según el querellante, la información desfavorable sobre la sociedad FG Valores, entonces propiedad de González, fue elaborado por la Oficina Económica del presidente del Gobierno bajo la dirección de Sebastián y con la colaboración de Taguas.
