Los accionistas minoritarios piden al Supremo que determine la cuantía económica de responsabilidad civil
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional contestó mediante auto dictado el pasado 26 de febrero a los accionistas minoritarios de Urbanor que la determinación de las indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la venta de los terrenos de Urbanor por parte de Alberto Cortina y Alberto Alcocer corresponde a los tribunales ordinarios.
En el auto al que tuvo acceso Europa Press, el Constitucional aclara que dicha determinación es una "cuestión de estricta legalidad ordinaria" y, por tanto, que "excede" de sus competencias, dado que alude a un problema en materia de responsabilidad civil ex delito no enjuiciada en su sentencia.
El Constitucional concluye que "no procede acceder a la aclaración interesada, pues en este caso no existe ningún concepto oscuro, omisión o error aritmético que aclarar", y recuerda que su dictamen "claramente y en forma inequívoca declara la nulidad de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
El tribunal contesta así a la solicitud, formulada por María del Pilar San Martín en representación de los accionistas, de aclaración de la sentencia que el pasado 20 de febrero anuló la condena de tres años y cuatro meses contra 'Los Albertos' por un delito de estafa por 'caso Urbanor', dictada por el Tribunal Supremo el 14 de marzo de 2003, al aceptar el recurso de amparo presentado por los empresarios.
El Constitucional determinó que el delito había prescrito, en consonancia con el dictamen emitido por la Audiencia Provincial de Madrid el 29 de septiembre de 2003, que absolvió a 'Los Albertos' y que posteriormente fue anulado por la sentencia del Alto Tribunal, que rechazó la prescripción y les condenó.
PETICIÓN ANTE EL SUPREMO.
Tras recibir esta aclaración por parte del Supremo, los representantes legales de los minoritarios han remitido un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que determine la cuantía económica que, según sostienen, 'Los Albertos' les deben abonar en concepto de responsabilidad civil, informaron a Europa Press fuentes de los accionistas.
Al mismo tiempo, los abogados han presentado otro escrito ante la Audiencia Provincial de Madrid para informar de su solicitud ante el Alto Tribunal y pedir a esta instancia judicial que se abstenga de pronunciarse hasta que el Supremo resuelva su petición de responsabilidad civil.
Por otra parte, los representantes de los minoritarios declararon que, por el momento, no han recibido traslado del escrito presentado por 'Los Albertos' ante la Audiencia Provincial, en el que reclaman la devolución de los 25 millones de euros que les entregaron tras la sentencia condenatoria por estafa dictada por el Supremo en marzo de 2003, así como el aval por valor de 27 millones que depositaron en 1989 por la posible responsabilidad civil que pudiera derivarse del proceso judicial.
La acusación particular mantiene que tiene que ser el Supremo quien delimite la responsabilidad civil, aún teniendo en cuenta la prescripción del delito aceptada por el Constitucional en su resolución.
En esta linea, defienden que el delito de estafa fue probado por tres instancias judiciales diferentes, por lo que están convencidos de que acabarán cobrando la cantidad total por responsabilidad civil más intereses que reclaman a 'Los Albertos' y que cifran en casi 50 millones de euros. La duda está en si el cobro se realizará por la vía penal o por la vía civil, mantienen.
Los minoritarios explican que existen tres posibles soluciones, seguir cobrando el dinero que falta en concepto de indemnizaciones por la vía penal, que lo que se ha cobrado hasta ahora quede pagado y el resto se abone por la vía civil y, por último, que el Supremo ordene la devolución del importe pagado y 'Los Albertos' reclamen los intereses restantes por la vía civil.
