MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación de Trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, calificó hoy de "auténtico escándalo" la actuación del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el 'caso Sintel' y declaró que "se están defendiendo los intereses económicos y políticos antes que los de los 1.800 trabajadores llevados a la quiebra".
En declaraciones a Europa Press, Jiménez explicó que la actuación del Fiscal General del Estado "impide la persecución de un presunto delito económico" y "protege a la primera multinacional del país". Los trabajadores afectados pidieron "un explicación" de por qué en este caso "no se está con las víctimas".
En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, remitido el pasado 31 de diciembre por el fiscal del 'caso Sintel', José Grinda, al Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, Conde-Pumpido le prohibió interponer recurso contra el auto de sobreseimiento de las imputaciones contra 5 ex directivos de Telefónica y otros 11 imputados, dictado el pasado 12 de diciembre por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Esta prohibición "ahogó", tras siete años de investigaciones, la posibilidad de que la Justicia depure las responsabilidades de la venta y quiebra de Sintel, al impedir la posibilidad de que Telefónica fuera declarada responsable civil subsidiaria, recordó Jiménez.
"AHORA SABEMOS POR QUÉ LO HIZO".
"Ahora sabemos por qué lo hizo, porque se lo prohibieron", afirmó Jiménez. Los trabajadores afectados consideraron "incoherente" la omisión del recurso por parte Anticorrupción, ya que un mes antes del sobreseimiento el propio fiscal ratificó sus 24 imputaciones en su escrito de acusación y solicitud de apertura de juicio oral contra todos ellos.
Jiménez recordó que, hace un mes, el propio Conde-Pumpido "clamaba al cielo" por la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que anuló la condena a Alberto Cortina y Alberto Alcocer por el 'caso Urbanor'. El Fiscal General del Estado discrepó de la decisión del Constitucional y afirmó que el dictamen "no era el más adecuado para defender a las víctimas".
El fiscal del 'caso Sintel' pidió su relevo al frente del caso tras siete años de investigaciones que siempre fueron apoyadas por la Fiscalía General del Estado.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está pendiente de tramitar los recursos contra el auto de sobreseimiento presentados por las dos acusaciones particulares de los trabajadores.
Ambas pedirán el procesamiento de los 24 imputados por Anticorrupción en sus escritos de calificación previos a la apertura de juicio oral.
Pedraz solicitó a las partes la presentación de dichos escritos en su auto de transformación del procedimiento abreviado, dictado al mismo tiempo que el de sobreseimiento, y que fijó la acusación contra 8 altos cargos de Sintel antes de decretar apertura de juicio. La decisión del juez se hizo pública antes de que los autos fueran trasladados a las partes.
Es su escrito, el fiscal relata los hechos y considera que la prohibición de Conde-Pumpido, ordenada mediante una llamada telefónica y tras leer el contenido del recurso, "fue contraria a las leyes e improcedente".
El fiscal considera que vulneró el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que le obliga a presentar sus instrucciones "por escrito razonado", así como la exigencia de "resolverlo oyendo a la Junta de Fiscales de Sala" y el artículo 6 del Estatuto Fiscal, que regula las funciones generales de su cargo.
