Avisa de que ya no hay margen para nuevos impulsos fiscales sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas
BRUSELAS, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea lanzará hoy por primera vez un procedimiento sancionador contra España por superar el límite del 3% de déficit público respecto al PIB previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). El déficit de España se situó en el 3,4% del PIB en 2008 y se disparará hasta el 6,2% este año debido a la caída de ingresos fiscales, el aumento de las prestaciones por desempleo y las medidas de estímulo para combatir la crisis, según las previsiones de Bruselas.
Aunque el año pasado se mantuvo "cerca" del umbral del 3%, el informe del Ejecutivo comunitario concluye que el déficit español no es "temporal", puesto que seguirá sobrepasando el valor de referencia en los próximos años, ni tampoco puede calificarse de "excepcional", ya que la economía española registró todavía un crecimiento positivo en 2008. "La Comisión ha decidido por tanto iniciar el procedimiento de déficit excesivo contra España con la adopción de este informe", señala el borrador que se aprobará este miércoles.
La apertura del expediente se decidirá en el marco de la evaluación del programa de estabilidad actualizado de España. "En los casos de países donde vemos que el déficit en 2008 ya estaba por encima del 3% y que planean seguir con un déficit por encima del 3% en 2009, y España es uno de ellos, vamos a presentar el informe del cual habla el artículo 104.3 del Tratado", anunció el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Este informe es el primer paso del procedimiento y en él se constata la existencia del déficit excesivo y las razones que han conducido a esta situación.
En el caso de España, la vulneración del límite del 3% del PIB en 2008 y 2009 "refleja en gran parte la fuerza de la desaceleración y las importantes medidas fiscales discrecionales adoptadas en respuesta". "La existencia de una grave desaceleración económica, la aplicación de un plan de recuperación y el paquete de apoyo al sector financiero, con sus implicaciones para las finanzas públicas, aumentan la necesidad de llevar a cabo una vigilancia reforzada en el marco del procedimiento por déficit excesivo", señala el Ejecutivo comunitario.
Además de a España, Bruselas expedientará con toda probabilidad este miércoles a Francia, Grecia o Irlanda.
En la siguiente fase del procedimiento por déficit excesivo, probablemente en marzo o abril, el Ejecutivo comunitario fijará un plazo para la corrección del déficit y realizará una serie de recomendaciones. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ya anunció la semana pasada que la Comisión dará a España hasta 2011 para situar de nuevo el déficit por debajo del 3%. Solbes no garantizó que se pueda cumplir con esta exigencia. El programa de estabilidad de España prevé para 2011 un déficit del 3,9%.
Si un Estado miembro no sigue las recomendaciones de la UE y no rebaja su déficit en los plazos acordados, el procedimiento puede concluir con la imposición de multas. No obstante, el Ejecutivo comunitario ya ha anunciado que aplicará el Pacto con la máxima flexibilidad posible teniendo en cuenta que la actual crisis no tiene precedentes.
SIN MEDIDAS PARA VOLVER AL EQUILIBRIO
En su análisis del programa de estabilidad, Bruselas reitera que los problemas que atraviesa la economía española se deben a la contracción del sector de la construcción y la caída del precio de la vivienda y al déficit por cuenta corriente, que se han visto agravados por la crisis financiera. Desde principios de 2008, el Gobierno ha adoptado varios paquetes de medidas para estimular la actividad económica, que representan en total un 2,2% del PIB en 2009.
"Además de estas medidas discrecionales, las financias públicas se encuentran gravemente afectadas por la desaceleración económica, lo que limita el margen para nuevos estímulos fiscales sin poner en riesgo una posición presupuestaria sólida a largo plazo", avisa el Ejecutivo comunitario. Bruselas repite además que las previsiones de crecimiento en las que se basa el programa de estabilidad español (una contracción del 1,6% del PIB en 2009 y un crecimiento del 1,2% en 2010) son excesivamente optimistas, especialmente por lo que se refiere al año que viene. La Comisión prevé una contracción del 2% y del 0,2%, respectivamente.
El informe critica además que el programa no detalla las medidas que se adoptarán para reducir el déficit en 2010 y en 2011, más allá de la finalización del fondo de ayuda a los ayuntamientos aprobado en 2008. Y denuncia que se permitirá a los gobiernos regionales y locales incurrir en déficit en 2009 sin la obligación habitual de presentar un plan de reequilibrio. Asimismo, Bruselas avisa de que el aumento de la deuda podría ser más grave del previsto por el Gobierno (14 puntos, hasta alcanzar el 53,7% en 2011) teniendo en cuenta los riesgos macroeconómicos y la incertidumbre sobre el impacto de las garantías concedidas a los bancos.
La Comisión subraya que el deterioro de la posición presupuestaria española agravará el impacto presupuestario a largo plazo del envejecimiento de la población, debido sobre todo al fuerte aumento del gasto en pensiones. Por ello, el Ejecutivo comunitario insiste en la necesidad de mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y pide medidas para reducir el aumento de gasto relacionado con el envejecimiento de la población.
Como conclusión, Bruselas constata que el programa español tiene como objetivo un fuerte impulso fiscal en 2009, lo que se ajusta al plan europeo de recuperación. No obstante, teniendo en cuenta el fuerte deterioro de la situación presupuestaria, reclama que la restauración de la sostenibilidad fiscal tan pronto como la economía se recupere sea una "prioridad absoluta".
Por ello, el Ejecutivo comunitario pide que se evite cualquier deterioro adicional de las finanzas públicas en 2009 y que se lleve a cabo "con determinación" el ajuste estructural a partir de 2010, respaldado con medidas concretas. El ritmo de consolidación presupuestaria debe acelerarse si la situación económica mejora más de lo esperado. Y el Gobierno debe prestar atención a mejorar la calidad del gasto público.
