Asegura que no defraudó a Hacienda porque "el ladrón, el depredador y el empresario modelo entre comillas resulta que pagó los impuestos"
BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El empresario catalán Javier de la Rosa admitió hoy su participación en la apropiación indebida de 68 millones de euros de la compañía Gran Tibidabo, que presidió hasta 1993, pero no aceptó los tres años de cárcel que solicita para él la Fiscalía tras el acuerdo extraprocesal que las partes alcanzaron en diciembre.
Su defensa pidió que se le condene sólo a medio año apelando a la "misión humanitaria" de la justicia, ya que De la Rosa lleva ocho años sometido "a enjuiciamiento constante" y sufre "trastornos neurológicos".
El juicio contra De la Rosa y contra otras seis personas por la descapitalización de Gran Tibidabo --hace ahora más de 13 años-- quedó hoy visto para sentencia, después de que la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas llegaran a principios de diciembre a un acuerdo extraprocesal por el que De la Rosa y otros seis acusados admitirían haberse apropiado de 68 millones de euros a cambio de una rebaja sustancial en la petición de condena y la retirada de los cargos por fraude fiscal.
Sin embargo, el abogado del Estado --que representa a la Agencia Tributaria-- mantuvo la acusación por la presunta defraudación al fisco de más de cinco millones de euros en la venta a la Generalitat de la sede del CNL --después Gran Tibidabo--, en la compra de oficinas y en la venta de la cartera de leasing de CNL. Ello impidió la conformidad de las partes y, el 10 de diciembre, obligó a suspender la vista para que el tribunal decidiera si se juzgaba a los acusados sólo por apropiación indebida o también por fraude a Hacienda.
Finalmente, la vista se reanudó hoy en la Audiencia de Barcelona para juzgar por un presunto delito fiscal de De la Rosa, presidente de Gran Tibidabo hasta 1993; Joan Cruells, director general y luego presidente de la compañía; Florencio Cerdà, ex presidente de Consorcio Nacional del Leasing (CNL); Arturo Piñana, vinculado a sociedades de De la Rosa; y Carolina Malagelada, relacionada con empresas intermediarias.
Todos los acusados negaron su responsabilidad en el presunto fraude a Hacienda --por el que la Agencia Tributaria reclama 1,6 millones de euros-- relacionado con la declaración del Impuesto de Sociedades del CNL para el ejercicio 1991. De la Rosa, de hecho, aseguró que "se pagó todo lo que exigió la Hacienda Pública". "El ladrón, el depredador, el empresario modelo entre comillas resulta que pagó los impuestos", aseguró durante la última palabra.
DE LA ROSA PADECE TRASTORNOS NEUROLÓGICOS.
Antes de practicar la prueba por la presunta defraudación a Hacienda, sin embargo, De la Rosa, Cruells, Cerdà, Piñana, el ex representante de Fitinvest Ramón Fiter y el empresario y ex diplomático Manuel de Prado y Colón de Carvajal reconocieron su participación en la apropiación indebida de 68 millones de euros de Gran Tibidabo. La esposa de De la Rosa, Mercedes Misol, fue exculpada en diciembre, ya que el Ministerio Fiscal no presentó cargos contra ella y las acusaciones particulares se adhirieron a su petición en diciembre.
Todos los acusados aceptaron las penas rebajadas por la Fiscalía --que suponen entre medio año y tres años de cárcel--, excepto De la Rosa, ya que su defensa pidió que se le imponga medio año de cárcel en lugar de los tres años solicitados por la Fiscalía --que inicialmente pedía 13 para el empresario--. El letrado apeló a la "misión humanitaria" de la Justicia porque De la Rosa "lleva sometido a un enjuiciamiento constante durante los últimos ocho años" y sufre prisión desde 1994, tanto de forma preventiva como efectiva.
Su defensa afirmó, además, que el empresario y su familia han sufrido el "castigo adicional" de aparecer de forma "constante" en los medios de comunicación. Según su letrado, todo ello le ha provocado "trastornos de carácter neurológico" que el 7 de enero le obligaron a ingresar de urgencia en un centro médico.
Durante la sesión de hoy, declararon los inspectores de Finanzas del Estado que realizaron los informes periciales sobre la situación tributaria del CNL a instancias de la Abogacía del Estado. Unos informes que, según las defensas, se han realizado con documentación obtenida "ilícitamente", ya que las inspecciones fiscales se llevaron a cabo de forma "paralela" a la investigación del juzgado de instrucción encargado del caso.
En cuanto a si el dinero obtenido ilícitamente debe o no tributar, aspecto en el que se amparan las defensas para alegar que las acusaciones por apropiación indebida y fraude fiscal son incompatibles, el perito aportado por las defensas, catedrático en Derecho Tributario, el dinero sustraído debe tributar el año en que se recupera, pero no en el ejercicio en que se ha robado.
DE LA ROSA: "GRAN TIBIDABO NO TIENE QUE PAGAR".
Durante el trámite de informes finales, el abogado del Estado señaló que el Impuesto de Sociedades grava sobre la renta obtenida por una sociedad en un ejercicio económico y no sobre el patrimonio, que es lo que se puede ver afectado por un robo. "Si no, cualquiera podría deducirse el dinero que le han robado", apuntó el letrado, quien aseguró que la Abogacía del Estado "no quiere ningún perjuicio para los accionistas".
Según el letrado, los acusados dicen que sólo querían apropiarse del dinero de CNL, pero sabían "perfectamente" que la simulación de servicios prestados que realizaron comportaría consecuencias contables que iban a repercutir en la declaración fiscal de la sociedad. "Aunque su voluntad no fuera directamente defraudar a Hacienda, lo aceptaron por los pingües beneficios que la operación les estaba reportando", añadió.
En cuanto a la atenuante de dilaciones indebidas --que la Fiscalía tuvo en cuenta para rebajar las penas--, el abogado del Estado admitió que el proceso "ha durado mucho" y que ha tardado 13 años en llegar a juicio, pero recordó la "complejidad" de la investigación y aseguró que, si se tiene en cuenta, se estará "favoreciendo" a este tipo de "delincuentes" que saben "montar este tipo de artificios" financieros para "complicar" la investigación.
La Fiscalía, por su parte, hizo referencia al acuerdo extraprocesal alcanzado con las defensas y aseguró que no se trata de un "arreglo". En cuanto al delito fiscal, se preguntó si "los accionistas van a verse constreñidos ahora, dentro de su eventual lógica y expectativa de recoger algo de lo perdido, a someterse a la pendencia de la acción de la Agencia Tributaria".
Para el fiscal, "quienes no deben sufrir más perjuicio son los accionistas y, mucho menos, los accionistas minoritarios", quienes han padecido la acción de un "empresario 'ejemplar' condenado en ubérrimas ocasiones ya por gestionar al modo de depredador financiero un patrimonio puesto a su disposición". Por ello, pidió una sentencia "de título habilitante para reclamar allí donde puedan obtener finalmente aquello que se les debe".
El abogado defensor de De la Rosa, por su parte, criticó que la Abogacía del Estado pida la responsabilidad civil de Gran Tibidabo, ya que consideró una "flagrante" y "absurda" contradicción considerar a la víctima autora del delito. Según dijo, "la Hacienda Pública controla el proceso de quiebra de Gran Tibidabo, lo que le permitiría absorber los fondos, derechos y bienes de la compañía en su práctica integridad".
De la Rosa, por su parte, aseguró al ejercer su derecho a la última palabra que Gran Tibidabo "no tiene que pagar nada" porque "da la casualidad de que aquí el ladrón y el depredador pagó los impuestos y lo sabe perfectamente la Agencia Tributaria". "Si cuando se roba no se tiene que pagar y cuando se roba, que lo he aceptado yo, he pagado, si encima acusan a Gran Tibidabo de tener que pagar más es para mí absolutamente incomprensible", concluyó.
