MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP, CiU y BNG presentaron hoy sendas enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de la Ley de Suelo en el Registro del Congreso de los Diputados, con críticas centradas en la inutilidad de la norma a la hora de incidir en el precio final de las viviendas y la vulneración de las competencias autonómicas que supone.
En opinión del Grupo Popular, la ley busca "expropiaciones más baratas" y "no hace ni una sola propuesta para solucionar el precio del suelo y su incidencia en el precio final de la vivienda", que a su juicio, es el primer problema del sector.
El portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, aseguró que el proyecto "sólo persigue abaratar las expropiaciones por parte de las administraciones públicas, para que no se pague el verdadero valor de los terrenos, sino un precio establecido legalmente, de manera que empresas particulares puedan expropiar al pequeño propietario de forma más barata".
Además, recalcó que la solución del precio del suelo "tiene una ausencia clamorosa en el preámbulo del proyecto" y que "no existe en el mismo ninguna medida que vaya dirigida a agilizar los procesos de transformación del suelo urbanizable en solares para edificar sobre todo en los destinados para vivienda protegida, ni para evitar las pretensiones especulativas del suelo".
El diputado 'popular' también criticó que en la norma "no hay una sola medida para facilitar la constitución y el desarrollo de los patrimonios públicos del suelo necesario para ejecutar planes de vivienda y vivienda protegida".
Así, opinó que lo que "realmente es falso es que la norma vaya a abaratar el precio de la vivienda y a evitar la especulación", en referencia a las declaraciones del Gobierno respecto a la ley.
Además, el portavoz del PP aseguró que se trata de una "ley de literatura demagógica que plantea, por primera vez en una ley urbanística, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres", hecho que a su juicio, "es ajeno a este tipo de norma".
También acusó a la ministra de Vivienda, Maria Antonia Trujillo, de "vender propuestas estrella como la reserva del 25% del suelo de uso residencial para vivienda protegida", que según dijo, "no es una medida nueva ya que la tienen casi todas las comunidades, entre ellas, Madrid donde esa reserva llega al 50%".
Lo mismo ocurre, en su opinión, con el "establecimiento de un porcentaje de sesión del suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%" que recoge la ley, cuando todas las legislaciones recogen el 10%". A su juicio, "no haría falta hacer un proyecto de Ley nuevo para una modificación tan puntual".
Por último, el diputado 'popular' anunció que su grupo hará un estudio próximamente "sobre la invasión de algunas competencias a comunidades autónomas reflejadas en algunos artículos del proyecto del Gobierno".
INVASIÓN DE COMPETENCIAS.
Esta última crítica fue compartida por el portavoz de Fomento y Vivienda de CiU, Jordi Jané, quien subrayó que el proyecto de ley "no respeta las competencias de las comunidades autónomas sobre urbanismo, ordenación del territorio y vivienda" y, en el caso de Cataluña, "el artículo 149.5 del nuevo Estatut que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre urbanismo".
Más aún, apuntó que corresponde a la Generalitat "la regulación del régimen urbanístico del suelo que incluye, en todo caso, la determinación de los criterios sobre los diversos tipos de suelos y usos".
Por otro lado, Jané destacó que el Estatut atribuye "de forma íntegra" la potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva a la Generalitat en materia de vivienda, de modo que, en los mencionados ámbitos "el derecho catalán es el derecho aplicable en este territorio con preferencia sobre cualquier otro".
En este sentido, consideró "un mal presagio que a través de leyes parciales, una vez aprobado el Estatut, se intenten vaciar de contenido las competencias exclusivas de la Generalitat".
El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) se alineó con estas críticas y señaló que el proyecto de ley "vulnera las competencias autonómicas en materia urbanismo", y olvida las peculiaridades de las ordenación territorial y el régimen de propiedad de las comunidades autónomas.
Además, precisó que los criterios de clasificación y valoración urbanística que introduce "no contribuyen a frenar la especulación del suelo con los indeseables efectos inflacionistas que produce ésta en el precio de la vivienda".
Pese a que desde fuentes ministeriales se ha señalado que el proyecto será aprobado casi con toda seguridad, aún tendrá que superar otros obstáculos en el debate de enmiendas parciales, ya que desde PNV se ha señalado que será necesario matizar "cuestiones índole competencial" para que el proyecto sea aprobado.
