MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
El concejal del Partido Popular en Ibarra (Guipúzcoa) Javier Igartua admitió hoy en las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional no tener constancia de que miembros de la formación ilegalizada Batasuna haya utilizado despachos de dicho Ayuntamiento.
El fiscal portavoz, Juan Antonio García Jabaloy, explicó que Igartua declaró que denunció en prensa el uso de despachos municipales por miembros de la formación ilegalizada, porque vio en el ayuntamiento una dependencia que tenía un cartel en el que se leía "HB", pero nunca vio salir o entrar a nadie.
Aseguró que su antecesor en el cargo, en el que Igartua lleva cuatro meses, había oído que miembros de la formación ilegalizada utilizaban despachos del Ayuntamiento de Ibarra, pero que tampoco tenía constancia de ello.
A su salida de la Audiencia Nacional, Javier Igartua, que acudió a Madrid acompañado por el presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco, Miguel Angel Fernández, se remitió a su declaración en la Fiscalía y dijo que esperaba "que sirviese para algo". La concejal del PP en Cuartango Ana Salazar finalmente declarará mañana, por un nuevo error en su citación, que se realizó de forma telefónica.
Los secretarios de los ayuntamientos de Ibarra y Cuartango negaron ante la Ertzaintza que Batasuna utilice despachos en dichos consistorios. El del primero explicó que ningún grupo municipal tiene este tipo de dependencias, por falta de espacio, mientras que el de Cuartango atribuyó a "dejadez" el que siga existiendo una placa que dice "Sala HB" en la puerta de un despacho, porque aseguró que ahora lo utiliza el técnico de Desarrollo Rural del Ayuntamiento.
Así consta en el informe remitido por la Consejería de Interior del Gobierno vasco a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para incluir en las diligencias informativas abiertas tras conocer determinadas informaciones periodísticas que advertían de la celebración de reuniones y otro tipo de actividades por parte de miembros de la extinta HB y Batasuna en las sedes de ambos gobiernos locales.
La actividad de Batasuna se encuentra suspendida desde el pasado 17 de enero por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien al día siguiente de dictar su resolución comenzó a ordenar la clausura de locales del partido ilegalizado.
