FERROL, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Urbanismo de Mugardos, Xosé Antón Bouza (BNG), defendió la legalidad de todas las gestiones realizadas desde que tomó posesión de su cargo, el pasado julio, ante las informaciones que apuntan a que podría ser llamado a prestar declaración ante el juez por la trama de corrupción urbanística que investiga la Guardia Civil en la localidad.
Bouza, que tomó posesión como responsable de Urbanismo el pasado 15 de julio, aseguró que todavía no ha sido llamado a prestar declaración de forma oficial ni tiene ninguna constancia de que pueda ser imputado en la trama urbanística. Por este motivo, muestra su "sorpresa" ante las informaciones de prensa que aseguran que las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil le implican en negociaciones con los imputados.
El edil de Urbanismo no niega haber mantenido conversaciones telefónicas con alguno de los implicados. Sin embargo, matiza que forma parte de su trabajo diario informar a los vecinos de los trámites administrativos de sus proyectos. "Yo creo que es una obligación mía dar explicaciones, al que construye cinco pisos y al vecino que tiene una casa unifamiliar para hacer, y si es un delito tratar de dar explicaciones a los vecinos de cómo tienen sus expedientes, pues delito todos los días", concluye el concejal.
En esta línea, rechaza haber ejercido ningún trato de favor con respecto a los promotores o profesionales investigados en la trama. Resalta que todos los proyectos figuran en el ayuntamiento con fecha de entrada y salida, y que su análisis, ya demostraría que no recibieron trato de favor desde que tomó posesión de su cargo, a mediados de julio.
BNG.
Bouza manifestó su plena voluntad a colaborar con la Justicia para aclarar los hechos y evitar que se siga perjudicando la imagen externa del municipio. "El mal que está haciendo a Mugardos es demasiado caro", manifestó.
En este sentido, sospecha que "puede haber un juego político" en el que se trate de dañar al BNG: "parece que quieren hacer ver que participamos en estas historias que tanto de moda están ahora".
SEIS IMPUTADOS.
Hasta el momento el Juzgado de Instrucción Número 4 de Ferrol ha imputado a seis personas en la supuesta trama de corrupción urbanística. Se trata de la aparejadora municipal Carmen Piñeiro, el policía local Ovidio Torrente, y los arquitectos Pedro y Julia Cortizas -esta última, contratada como asesora municipal en el primer semestre de 2006-. Están imputados de delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias.
El Juzgado también imputa al alcalde de Mugardos, Xosé Fernández Barcia, que tendrá que prestar declaración el próximo 19 de diciembre, y a la arquitecta Elia Estraviz, perteneciente al estudio de arquitectura Xcale que los hermanos Cortizas poseen en Fene.
La Guardia Civil también llamó a declarar a tres promotores inmobiliarios que de momento no están imputados judicialmente. Las investigaciones se iniciaron en el mes de mayo, impulsadas por la Fiscalía de delitos urbanísticos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y se hicieron públicas con la detención de los cuatro primeros imputados el pasado lunes. Tras 48 horas arrestados, fueron puestos en libertad el pasado miércoles. El viernes el Juzgado de Ferrol que instruye el caso decretó el levantamiento del sumario.
