MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo Fiscal ha celebrado este jueves su último consejo fiscal y ha convocado para el próximo 21 de marzo elecciones para elegir a los nuevos vocales de este órgano de representación de la carrera, encargado de elaborar los criterios generales del Ministerio Público para facilitar su unidad de actuación y de asesoramiento al fiscal general del Estado.
Tras cumplirse los cuatro años de mandato, ahora será la Junta Electoral la que tutelará el proceso electoral por la que serán electos los nueve vocales que conformarán el nuevo Consejo Fiscal, constituido a su vez por los vocales natos: el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar; el teniente fiscal, Luis Manuel Navajas; y el jefe de la Inspección, Fausto José Cartagena.
El pasado 6 de noviembre, se reunió la Junta Electoral para iniciar los procedimientos de convocatoria electoral, que está compuesta por el fiscal general; el fiscal Fausto Cartagena; el fiscal más antiguo del Tribunal Supremo, Fernando Sequeros; y las fiscales María Dolores Andrade Otero y María Rodríguez Laborda.
ÚLTIMAS ELECCIONES
Las últimas elecciones al Consejo Fiscal se celebraron el 6 de febrero de 2014, en las que la mayoritaria Asociación de Fiscales obtuvo seis representantes, mientras que los tres miembros restantes que integran el órgano consultivo de la Fiscalía del Estado pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales.
Estos nueve vocales se eligen cada cuatro años por los miembros del Ministerio Público en servicio activo, constituidos en un único colegio electoral. El Consejo Fiscal puede funcionar en Pleno y en Comisión Permanente.
Además, en la sesión de este jueves se han estudiado diversos proyectos de ley cuyo textos se harán público en los próximos días. El Consejo Fiscal emitirá informes sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para derogar la prisión permanente revisable; sobre la modificación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; y otro sobre la utilización de los datos del Registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
