MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La embajadora de España en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, se encuentra de vuelta en su puesto tras haber sido llamada a consultas, el pasado mes de noviembre, en protesta por la decisión del Gobierno de Daniel Ortega de impedir, en tres ocasiones, una visita de alto nivel española.
Varias fuentes diplomáticas han confirmado a Europa Press que la embajadora regresó a Managua alrededor de una semana después de haber sido "llamada a consultas", un mecanismo diplomático que consiste en pedir a un embajador que abandone temporalmente su puesto como forma de protesta ante el Gobierno del país en que está acreditado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, que anunció la llamada a consultas el 20 de noviembre, no informó del retorno de la embajadora. No obstante, las fuentes consultadas señalan que no se pretendía dejar la Embajada sin jefe de misión, sino que la llamada a consultas en sí ya era una señal de protesta y un intento de poner a Nicaragua en el foco, tras más de año y medio de crisis y una represión que se recrudece.
El 25 de noviembre, Fernández-Palacios se reunió con el entonces ministro, Josep Borrell, que ya dio pistas de que su intención no era poner fin a la relación con el Gobierno nicaragüense: "Hay que mantener la interlocución con todas las partes para encontrar una solución", dijo en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que explicó que se había reunido con la embajadora "para analizar las relaciones bilaterales y el desarrollo de la crisis en ese país".
La embajadora fue llamada a consultas después de que el Gobierno de Daniel Ortega impidiera, por tercera vez, una visita del secretario de Estado español para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia. Ahora, el Gobierno español no tiene previsto intentar nuevas visitas de alto nivel al país, aunque sí mantiene la intención de contribuir a buscar solución a la crisis.
Nicaragua, cuyo presidente es uno de los escasos aliados del venezolano Nicolás Maduro, lleva ya un año y medio inmersa en una crisis política desatada por las protestas contra el Gobierno de Ortega, cuya represión ha dejado más de 300 muertos y más de 120 presos políticos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más de 70.000 personas han dejado el país desde abril de 2018. Precisamente por la magnitud de la crisis en Venezuela, Nicaragua no está en primera fila de las preocupaciones de la comunidad internacional.
En este contexto, De Laiglesia tenía previsto viajar a Managua en noviembre para mantener contacto con las autoridades y con distintos actores sociales y políticos, "con un enfoque constructivo y con la voluntad de contribuir a la búsqueda de una solución a la crisis", explicó Exteriores.
"España ha mantenido, históricamente, unas buenas relaciones con Nicaragua", decía el comunicado en el que se explicaba la llamada a consultas, pero la decisión del Gobierno nicaragüense de rechazar, por tercera vez, una visita de alto nivel, "dificulta la mutua interlocución".
