MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La empleada de Régimen Interior de Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid Julia López Valladares, sospechosa de dar instrucciones a las empresas de la trama Gürtel para que facturaran de forma irregular la organización de actos institucionales, ha asegurado este martes ante el juez Pablo Ruz que su función se limitaba a detectar errores en la facturación y rechazar los cargos incorrectos.
López Valladares, a la que se imputa la comisión de un delito de prevaricación, ha indicado que su trabajo era devolver sin pagar aquellos cargos mal consignados, bien porque las empresas del cabecilla de la trama Francisco Correa reflejaban conceptos que no habían realizado o porque las facturas superaban el límite de 12.020 euros, lo que hubiera obligado a convocar concurso público.
La imputada ha puesto de manifiesto que solía recibir facturas de varias compañías de Correa, entre las que ha destacado Servimadrid Integral, y ha indicado que ella no tenía capacidad política para decidir con quién se contrataba la organización, promoción y comercialización de eventos. "Yo velaba para que la administración no pagara más de la cuenta", ha precisado López Valladares.
La Fiscalía Anticorrupción la sitúa a las órdenes del exconsejero de Deportes Alberto López Viejo, imputado en el procedimiento por adjudicar contratos públicos a las empresas de Correa a cambio de cohechos, y destaca que "podría haber tenido una participación activa" en estas operaciones.
La imputada, según el Ministerio Público, habría dado "instrucciones" a las empresas de Correa sobre "cómo debían facturar un mismo acto por diversas entidades aparentemente independientes reduciendo así su importe individual por debajo de 12.020 euros, lo que les permitiría tramitarlo como contrato menor".
NO DEPENDÍA DE LÓPEZ VIEJO
Durante su declaración ante Ruz, López Valladares ha negado depender de López Viejo con el que, ha precisado, sólo coincidió en dos o tres ocasiones. Ha apuntado que su superior en la vicepresidencia era Pedro Rodríguez Pendás.
El juez también ha interrogado como testigos a Aurelio Ortiz, perteneciente al Consorcio Urbanístico de Madrid en las fechas en las que se produjeron los hechos investigados, y Antonio Guerrero, que desempeñaba sus funciones en la Dirección General de Deporte de la Administración regional.
