Advierte que "una paralización tan drástica" puede "desviar" la inversión prevista hacia otras comunidades o actividades
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) aseguró hoy que "no es admisible" que la Consellería de Política Territorial tome la medida cautelar de suspender el desarrollo urbanístico de los terrenos situados a menos de 500 metros del mar en aquellos ayuntamientos que aún no adaptaron su planeamiento a la ley vigente.
En un comunicado, la patronal, aunque recuerda que "siempre ha sido partidaria de una ordenación razonable de la zona costera de Galicia", entiende que la defensa de la riqueza natural que configuran las costas "no pasa sólo por adoptar medidas tan indiscriminadas", dado que "lo único que podría ocasionar es una seria distorsión del mercado, así como enturbiar múltiples proyectos empresariales".
Asimismo, los empresarios apuntaron que, sólo después de realizar "un estudio urgente, pormenorizado y específico" de las diferentes áreas de la costa, "podría establecerse una ordenación racional de esta franja".
Recordaron que son los primeros en considerar que una costa con un desarrollo razonable constituye un activo de primer orden para múltiples actividades económicas: promoción inmobiliaria, construcción, turismo, entre otras; al configurarse como emplazamientos susceptibles de una mayor demanda.
No obstante, la CEG indicó que "una paralización tan drástica" de aquellas actividades podría generar "unos resultados dramáticos en el futuro", teniendo en cuenta que "la inversión prevista podría ser desviada a otros emplazamientos o a otras actividades económicas".
MEDIDAS ACTUALES SUFICIENTES
En este sentido, cree que los controles y las medidas preventivas existentes en la actualidad "resultan suficientes para evitar quebrantos urbanísticos en aquellas áreas, siendo posible incluso su paralización a través de los diferentes planes urbanísticos".
En opinión de los empresarios, tan sólo el carácter transitorio de dicha medida -provisionalidad que debería ser lo más corta posible- podría justificar su adopción, reclamando además un mayor nivel de diálogo con las administraciones para poder expresar su valoración "ante la disposición de propuestas que puedan afectar de forma tan importante al futuro desarrollo del país".
