BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones SOS Racismo, la Coordinadora Gay-Lesbiana, el Amical de Mauthausen y la Unión Romaní presentaron hoy un manifiesto en el que solicitan que se modifique el Código Penal para que vuelva a tipificar como delito la negación del Holocausto, pues desde 2007 sólo castiga su justificación.
La presentación del documento, que ya cuenta con el apoyo de unas 700 entidades catalanas, y la campaña de sensibilización sobre las "carencias del Código Penal" que impulsan las cuatro asociaciones, coinciden con el juicio que empezará el lunes en la Audiencia de Barcelona contra los responsables de la desaparecida Librería Kalki, en la calle Argenter de la capital catalana.
"Queremos que todos los partidos políticos hagan suya esta necesidad de cambiar el Código Penal" para evitar casos como el del dueño de la Librería Europa de Barcelona, Pedro Varela, al que le rebajaron la condena de cinco años de prisión a siete meses después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la parte del artículo 607.2 que castigaba la negación del genocidio cometido por los nazis, explicó la portavoz de SOS Racismo, Begoña Sánchez.
Los promotores de la campaña quieren que se rescriba dicho artículo para penar ambas conductas, de tal forma que su redacción no atente contra la libertad de las personas. "Parece que en el concepto de libertad de expresión cabe todo", lamentó la presidenta del Amical de Mauthausen, Rosa Toran, quien considera demostrada la relación entre las ideologías xenófobas y las conductas violentas, por lo que ambas deben ser castigadas penalmente.
Las cuatro asociaciones se han personado como acusación popular en el juicio contra el responsable de la Librería Kalki y otras cuatro personas, porque en la tienda se comercializaban libros en los que se niega el Holocausto, se fomenta la discriminación, la exclusión y la eliminación de distintos grupos raciales, y se exaltan y justifican los regimenes fascistas totalitarios.
El fiscal solicita penas de entre cinco y ocho años de prisión para cuatro de los procesados, así como multas que oscilan entre los 10.800 y los 27.000 euros por difusión de ideas genocidas, un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y otro de asociación ilícita. También pide que se absuelva al quinto acusado.
