MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, ha alertado este lunes ante el Consejo de Justicia de la UE, celebrado en Luxemburgo, de que las prácticas corruptas "conducen a una distribución injusta del poder y las oportunidades en perjuicio de los más desfavorecidos".
En su intervención, Dolz ha abordado la necesidad de reforzar la "lucha" contra la corrupción en el seno de la UE, lo que asegura, provocará "el aumento de la confianza mutua entre países y el fortalecimiento del Estado de Derecho". Asimismo, ha afirmado que la corrupción tiene un "impacto negativo" sobre la economía, la productividad y la innovación tecnológica, así como en el principio de igualdad.
Con el objetivo de aplicar una estrategia anticorrupción, España ha apostado por emplear los instrumentos legales y los marcos institucionales que están actualmente vigentes en la UE, así como que cada Estado miembro articule medidas de prevención y persecución. Además, ha respaldado la propuesta para que la UE se incorpore al Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) como miembro de pleno derecho.
Por otro lado, el Consejo ha aprobado formalmente la Directiva relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones al Derecho de la UE, y que puedan sufrir represalias por las denuncias. España lo ha calificado como "útil" frente a la corrupción porque "permite incrementar el número de las denuncias de infracciones".
LUCHA CONTRA LOS DELITOS TRANSFRONTERIZOS
En el encuentro también se ha abordado la lucha contra los delitos transfronterizos, adoptando las conclusiones sobre la actividad que ha llevado a cabo Eurojust en los últimos meses, ya que en diciembre entra en vigor el nuevo reglamento de la Agencia de la Unión Europea de Cooperación Judicial en Materia Penal --una sucesora de Eurojust-- dotada de una nueva estructura de gobierno y de mayor eficiencia.
En este contexto, España ha apoyado la creación del nuevo Registro Antiterrorista, una iniciativa impulsada, entre otros países,
por España en el seno del Grupo Vendme, para homogeneizar la información aportada por los Estados de la UE sobre casos de terrorismo y que "facilita" el cruce de datos para su "aprovechamiento común en defensa del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia".
En la reunión, España ha respaldado a la presidencia finlandesa del Consejo para impulsar la negociación que permita la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se han presentado también las conclusiones sobre los 10 años de aplicación Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, algo en lo que Dolz ha pedido "seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria" y a permanecer atentos al grado de aplicación real de la carta.
Por último, el director de la Agencia de Derechos Fundamentales
(FRA), Michael O'Flaherty, ha expuesto los retos de la agencia para el 2020. Entre ellos, España solicita buscar nuevos mecanismos de protección de derechos y libertades de los ciudadanos y de "vigilar" los riesgos y oportunidades que en materia de derechos se derivan del entorno digital para "anticipar la acción de los poderes públicos".
Durante el Consejo también se ha abordado de la actividad preparatoria para el establecimiento de la Fiscalía Europea, en particular, de los procedimientos para el nombramiento del fiscal jefe y de los fiscales europeos. Asimismo, se ha informado del estado de las negociaciones con Estados Unidos en vistas a un acuerdo sobre el acceso transfronterizo a la prueba electrónica en el ámbito penal, y de los trabajos para un segundo protocolo al Convenio de Budapest sobre cibercrimen.
