El sistema gestionó 629.405 expedientes el pasado año en el turno de oficio, un 7,8% de la carga del sistema judicial
MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
los usuarios del turno de oficio califican con un 6,5 este servicio y dos de cada tres no encuentran problemas o deficiencias de importancia en su funcionamiento, según datos de una encuesta de Metroscopia para el II Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)-LA LEY, presentado hoy.
La encuesta para este informe se realizó "a pie de juzgado" entre usuarios de la justicia civil, penal, familia, contencioso-administrativo, violencia de género y extranjería, según explicaron hoy en la rueda de prensa el presidentes del CGAE, Carlos Carnicer, y el director general de la editorial jurídica La Ley, Alberto Larrondo.
Explicaron que este observatorio está dedicado a la reflexión sobre los problemas y al análisis de los indicadores para la mejora del servicio prestado por la abogacía a la sociedad.
Según los datos del Informe, el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita en España gestionó el pasado año 629.405 expedientes en el turno de oficio, un 7,8% de la carga del Sistema Judicial.
En cuanto al acceso al derecho de justicia gratuita, éste no plantea demasiados problemas para los ciudadanos, ya que según un 78% de los encuestados ver reconocido este beneficio resultó fácil, frente a un 7% que encontró dificultades para hacerlo.
VALORACIÓN DE LETRADOS
Respecto a la figura del abogado de oficio, es importante señalar que en un 80% de los casos, los usuarios afirman que la atención de su letrado fue buena o muy buena, frente a un 10% que considera fue regular, y un 10% mala.
Para un 72%, además, el abogado estudió suficientemente su caso, mientras que un 17% estima que no lo hizo y un 11% que no sabe no contesta.
RECOMENDACIONES DE EXPERTOS.
En el capítulo del Informe dedicado a las recomendaciones del Comité de expertos se demanda una mayor formación de los profesionales; la agilización de la concesión de beneficio de justicia gratuita en la jurisdicción penal y el aumento del número de letrados de guardia, así como la revisión automática de los baremos con arreglo al IPC.
Se solicita también, tras ver lo ocurrido con los letrados que fueron necesarios para el macroproceso del 11-M (pues la mayoría de los acusados precisaron de abogado de oficio), que se arbitren las medidas necesarias para prever estos supuestos, así como un mayor control en las peticiones de justicia gratuita que sólo buscan dilatar el procedimiento.
Estas Recomendaciones se elevan al Ministerio de Justicia, Consejerías de Justicia de las distintas comunidades autónomas y demás instituciones implicadas.
Para Carnicer, "lo que las Administraciones públicas dedican a este capítulo de la asistencia jurídica gratuita, aunque haya crecido en los últimos años por razones objetivas, no es un gasto. Es una inversión y una garantía de seguridad y de salud democrática del Estado de Derecho".
En opinión de Alberto Larrondo, director general de LA LEY, "el Observatorio de la Justicia Gratuita presta un extraordinario servicio para la sociedad, ya que gracias a él es posible analizar y detectar qué es lo que funciona bien en el turno de oficio en España, y qué es susceptible de mejora en el futuro".
