Gómez reclama además la imputación de otros dos cargos regionales y denuncia que la apisonadora del PP impide el control parlamentario
MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, anunció hoy que los servicios jurídicos de su partido, personado en el 'caso de los espías', volverá a reclamar la relación de llamadas telefónicas del ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, durante los días en que se realizaron los partes de seguimiento aparecidos, para conocer quién es "la señora X" que daba las órdenes a los encargados de perseguir a altos cargos del Partido Popular.
"Queremos conocer todas las llamadas entrantes y salientes de Gamón durante los días investigados, correspondientes a abril y mayo de 2008, cuando supuestamente se produjeron los seguimientos a los señores Alfredo Prada, Manuel Cobo y otras personas víctimas del espionaje a cargo de sus compañeros de partido", señaló Gómez en rueda de prensa al término de la Ejecutiva del PSM.
En este sentido, advirtió que no van a parar hasta conocer "el nombre de la señora X, del máximo responsable de esta trama de corrupción". Para ello, los socialistas actuarán en el ámbito jurídico y en el parlamentario, "cercenado por la apisonadora de la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid", lamentó.
En primer lugar, los servicios jurídicos del PSM han solicitado la declaración de la ex mujer de Sergio Gamón, Yolanda Laviana, "que hizo declaraciones a un medio de comunicación y que en 48 horas supuso que fuese cesada de sus responsabilidades" en Telemadrid y la salida también del propio Gamón, "y como consecuencia también ha dejado de ganar 90.000 euros que es lo que cobraba de la Comunidad de Madrid".
Asimismo, han solicitado que sea llamado a declarar como imputado o como testigo Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad Operativa de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior". "No nos cabe ninguna duda de que su declaración puede servir de aclaración de los hechos que se investiguen en los casos de espionaje", dijo Gómez. Pero también quieren que se cite como imputado a Marcos Peña, asesor de Seguridad en la Consejería de Interior, "cuya declaración puede ser esencial para esclarecer esta oscura y extraña trama del espionaje".
PAGO DE LA DEFENSA JURÍDICA
Analizadas las contradicciones surgidas durante el proceso y las declaraciones realizadas, el PSM reclamó conocer además "quién ha pagado las pruebas caligráficas periciales privadas que se hizo el asesor Manuel Pinto para justificar que supuestamente no era el autor de los partes" y que se utilizaron como "intento de instrumento de defensa jurídica". "¿Es normal y razonable que se usen dependencias públicas para actividades privadas y actividades precisamente como ésta?", se preguntó el líder del PSM.
Asimismo, a la propia Esperanza Aguirre le preguntó quién ha pagado esa prueba caligráfica, porque no se cree que la haya costeado el señor Pinto de su bolsillo. "¿Por qué se han utilizado despachos públicos para actividades privadas?. ¿Por qué la Comunidad de Madrid ha asumido el coste de un prestigioso abogado que en ningún caso, posiblemente, los acusados no podrían haber asumido de su bolsillo?", planteó. "Son preguntas que la presidenta no permite que le hagamos en la Asamblea y que no queda otro remedio que hacer de manera pública en rueda de prensa", agregó.
En el terreno parlamentario, Gómez recordó que el PSOE pidió ayer la comparecencia en la Asamblea de Madrid del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González y del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, para responder a estas cuestiones y plantearon una pregunta para la presidenta de la Comunidad, pero las tres iniciativas fueron paralizadas por la Mesa de la Asamblea.
"Se ha vuelto a obstaculizar nuestro trabajo como oposición política en el parlamento autonómico. Se ha vuelto a hurtar a los ciudadanos el derecho a la transparencia y el derecho a que se pueda abrir una investigación en el ámbito del parlamento autonómico", señaló.
No obstante, destacó que los socialistas van a iniciar acciones parlamentarias e interpelaciones al parlamento para continuar con su trabajo de control al gobierno y denunciar las situaciones de corrupción.
