MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El etarra José María Gotilla Unzurrunzaga es el único miembro de la banda terrorista ETA que ha hecho efectiva, mediante embargo de 12.000 euros, parte de la indemnización a sus víctimas a la que le condenó la Audiencia Nacional en 1995 desde que se aprobó la Ley de Solidaridad en 1999, según un estudio de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, recogido por Europa Press.
Frente a esta situación, el Estado ha abonado a las víctimas del terrorismo más de 430 millones de euros en concepto de indemnizaciones y como responsable civil subsidiario de los daños provocados por los etarras entre 1975 y 2006, ambos inclusive, según datos del Ministerio del Interior recogidos por la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
A pesar de que el Estado se ha personado en ás de 400 sumarios desde la aprobación de la Ley de Solidaridad, sólo ha conseguido realizar dos embargos a condenados por terrorismo: al etarra Gotilla Unzurrunzaga, primer miembro de ETA expulsado de Uruguay, y el GRAPO Féliz Novales Gorbea, condenado en 1981 y que se arrepintió de sus crimenes durante su estancia en prisión.
En el caso del miembro arrepentido de los GRAPO Novales Gorbea, implicado en cinco asesinatos y que cumplió hace años su condena, se le embargó el valor de una parte de su vivienda.
Las participaciones embargadas al etarra Gotilla Unzurrunzaga y a su mujer ascendían a 12.000 euros aunque, finalmente, la subasta que se celebró en Vitoria quedó desierta por falta de postores.
El caso más reciente es el que afecta al etarra Kandido Aspiazu Beristain, uno de los asesinos de Ramón Baglietto, que tras cumplir su condena abrió en 2005 una cristalería en los bajos del edificio donde reside la viuda de su víctima, Pilar Elías, concejala del PP en el Ayuntamiento de su localidad. En enero de 2006 la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el embargo de los bienes del etarra.
En el día de hoy, la esposa del miembro de la banda terrorista adquirió en subasta pública la totalidad de la cristalería. El 50 por ciento de esta propiedad estaba registrado a nombre de Azpiazu, concretaron estas fuentes.
Altuna realizó la mejor oferta y ofreció un 70 por ciento del precio de salida de la mitad de este local y de otro propiedad del matrimonio, un total de 46.438 euros. En el caso del primero de los locales (el número 9.681) de 30 metros cuadrados, Altuna ha pagado 22.575 euros cuando el precio de salida era de 32.335 euros. El segundo local (el 3.894) fue adquirido por 23.863 euros mientras el precio original era de 34.088 euros.
La Ley de Solidaridad establece unos baremos económicos, según la circunstancia de la víctima, y determina que el Estado se personara en los procedimientos judiciales para recuperar el dinero que, teóricamente, había adelantado a las víctimas.
