Estafa filatélica.-(ampl.) El juez Garzón deja en libertad a dos consejeros de Fórum bajo fianza de 100.000 euros

Actualizado: jueves, 27 julio 2006 20:21

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó hoy la puesta en libertad bajo fianza de 100.000 euros para los miembros del consejo de administración de Fórum Filatélico Miguel Angel Hijón y Agustín Fernández, quienes se encontraban en prisión desde el pasado 12 de mayo tras la intervención judicial de la empresa por una presunta estafa, informaron fuentes jurídicas.

Además de la fianza, el juez Garzón ha acordado como medidas cautelares en el auto por el que excarcela a Hijón la obligación de comparecer semanalmente ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, que instruye la causa, y ante el órgano judicial más próximo a su domicilio. Además, deberá comunicar cualquier cambio de su residencia para que pueda ser localizado y no podrá salir del territorio nacional. Respecto a Fernández, el juez se expresa en los mismos terminos.

Según este auto, "el Ministerio Fiscal ha solicitado la libertad provisional de Hijón con la fianza que este Juzgado estime oportuna". De acuerdo con esta petición, el auto señala que "procede reformar la situación personal que actualmente tiene Hijón con las cautelas establecidas", en cumplimiento del artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.

La decisión de Garzón supone estimar el recurso de reforma interpuesto por las defensas de ambos imputados contra la medida cautelar acordada en su día por el juez Fernando Grande-Marlaska. Las defensas argumentaban "la inexistencia de elementos efectivos que no permitieran, en cumplimiento de la ley, su puesta en libertad".

Hace una semana, Garzón puso en libertad bajo fianza también de 100.000 euros al cuarto responsable de Fórum implicado en la presunta estafa, Francisco José López-Gilarte. El único responsable de la empresa de inversión bienes tangibles que aún queda en prisión sea Francisco Briones, presidente de la compañía.

Respecto a este último, el despacho de abogados Rofes & Asociados, que defiende a Hijón y Briones, estima que, tras las libertades bajo fianza, ahora debe decretarse a la mayor brevedad la libertad de Briones, al entender que en este caso se dan "las mismas circunstancias".

En cuanto al posible riesgo de fuga de Briones, el despacho de abogados reitera que "todas sus cuentas nacionales están bloqueadas" y afirma que éste "lo único que pretende es demostrar en este proceso, así como ante sus clientes y la sociedad la absoluta corrección en su actuación en los años que lleva como presidente del Consejo de Administración de Fórum".

BLANQUEO DE CAPITALES

Por otro lado, Rofes & Asociados presentó esta mañana en el Juzgado Central de Instrucción número 5 un escrito de alegaciones, en el que solicita que se concreten las imputaciones formuladas contra clientes para proceder a su defensa. Se investigan delitos de estafa, blanqueo de capitales y administración desleal.

En cuanto al blanqueo de capitales, el bufete afirma que los administradores de Fórum "no han tenido ninguna relación directa con operaciones" de este tipo. En esta línea, sostiene que hasta el momento "no hay una sola resolución judicial que concrete a qué va referido el delito de blanqueo".

El despacho alude a un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), remitido al juez el pasado 15 de julio, en el que "no se tiene constancia de ningún dato referido a las personas y sociedades indicadas". El informe añade que "no existen antecedentes por operaciones sospechosas" en relación con Fórum o sus administradores.

Asimismo, la defensa considera que "tampoco existen indicios" para atribuirles responsabilidades por incremento no justificado de patrimonio, manejo de cantidades que por su cuantía pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias, la existencia de negocios ilícitos o guardar injustificadamente cantidades en efectivo, entre otras imputaciones.

Sobre la presunta destrucción de pruebas, la defensa aduce, entre otros argumentos, que "la sede social de la empresa sigue estando controlada policialmente, por lo que es imposible poder acceder al mismo a recabar información de ningún tipo".