MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
Las formaciones de CiU, ERC, PNV e IU-ICV consideran que la intervención de las sociedades de inversión Afinsa y Fórum Filatélico por una presunta estafa que afecta a 350.000 inversores ha puesto de relieve el "vacío legal" que existe en esta materia y la necesidad de regular mejor este tema para proteger a los clientes que puedan verse afectados por este fraude.
Paralelamente, todos coinciden en que resulta precipitado hablar ahora de la creación de una comisión de investigación, un mecanismo parlamentario que algunos grupos creen que sólo podría tener cabida si apareciese la implicación de algún cargo público en la estafa.
ERC: ADMINISTRACION "TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO"
El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, considera que la Administración "debe tomar cartas en el asunto", empezando por mejorar la legislación, porque hay más de 350.000 ahorradores que han sido estafados". En declaraciones a Europa Press, indicó que ahora debe "actuar la Justicia" y ve precipitado pensar en la creación de una comisión de investigación, pues para ello debería estar "implicado" en el fraude algún cargo público o miembro de la Administración.
El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, rechaza de plano la creación de una comisión de investigación sobre esta cuestión que está en manos de la Justicia y recalca la necesidad de legislar para que este tipo de ahorro "esté regulado, pues ahora no lo está". De momento, CiU ya ha pedido explicaciones al Gobierno y le ha instado a adoptar medidas de defensa de los afectados, entre ellas la creación de un fondo de garantía para estos casos.
Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, también cree que el Parlamento "no podrá sustraerse" a lo que ha ocurrido y tendrá que legislar para incrementar la seguridad sobre este tipo de inversiones, habida cuenta de que se trata de un campo "insuficientemente regulado". Entre otras cosas, apunta la posibilidad de que estos asuntos pasen a depender del Ministerio de Economía y no del de Sanidad y Consumo como ocurre ahora.
Aunque apuesta por esperar a ver lo que da de sí la investigación, Erkoreka apunta que, si en el futuro se ve implicado algún cargo político o las circunstancias lo aconsejan, no hay que descartar la posibilidad de que el Congreso analice este caso concreto en una comisión de investigación.
ESPERAR ACONTECIMIENTOS
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, considera que es pronto para pensar en comisiones de investigación y que hay que ver "cómo evolucionan las cosas". Además, cree que hay que "legislar más" esta materia porque "debe hacer mecanismos de protección de los ciudadanos" que han sido estafados.
El portavoz de Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) en el Congreso, Paulino Rivero, considera que "parece un caso similar" al de Gescartera y que "los datos de los que se dispone a día de hoy son insuficientes". Según añadió, "si no aparece información" que arroje "claridad a este asunto", entonces podría ser necesario abrir una investigación parlamentaria
Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Rodríguez cree que el Gobierno "debe actuar rápidamente" ante "un fraude de este calibre" y ya anunció que su formación presentará una batería de iniciativas parlamentarias sobre este asunto. También coincidió con otros portavoces en que hay un "vacío legal grave" que debe corregirse para evitar que estafas como éstas puedan producirse en el futuro.
