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Argumentan "inconstitucionalidad", "quiebra" de la igualdad entre españoles e "intervencionismo" de la Generalitat
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo del PP en el Senado registró este mediodía su veto al proyecto de reforma de Estatuto catalán y 74 enmiendas parciales, la mayor parte, en línea con las defendidas por el partido en el Congreso de los Diputados. El veto 'popular' se articula en torno a la "flagrante inconstitucionalidad" del texto, la "quiebra" del principio de igualdad de todos los españoles y el "intervencionismo" de la Generalitat en la vida económica y social de los catalanes.
El PP parte de la base de que se trata de un nuevo Estatuto que aborda "la apertura de un proceso constituyente encubierto", que "olvida de raíz que la soberanía nacional radica en el pueblo español en su conjunto" y "liquida el espíritu de la Transición, vulnerando el pacto de concordia logrado hace más de un cuarto de siglo".
Los pilares del veto de los 'populares' son "Constitución, igualdad y libertad" y en este sentido denuncian que el Estatut trata de "suplantar la voluntad soberana del pueblo español e implantar un modelo de Estado distinto al que aprobaron los españoles en la Constitución de 1978".
Respecto a la definición de Cataluña como nación, el PP constata que la Carta Magna reserva este término para referirse al conjunto de España, subdividida en nacionalidades y regiones "pero no en otras naciones". El PP concluye que, a la luz del artículo 2 de la Constitución, si la nación española es "patria común e indivisible", las nacionalidades no pueden atribuirse "un derecho de autodeterminación o una futura constitución de Estados independientes".
En este apartado citan a una sentencia del Tribunal Constitucional que afirma que el derecho a la autonomía lleva aparejado el respeto al principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones y argumenta que "la solidaridad entre todas ellas, se da, sobre la base de la unidad nacional". Añaden que existe, según sentencias del mismo tribunal, una "unidad política, jurídica, económica y social del Estado incompatible con la división en compartimentos estancos".
Por otro lado, argumentan que si se da por superado el marco de la Constitución del 78 "discútase esta afirmación, pero por los trámites de una reforma constitucional".
En todo caso, creen que aunque se eliminara del texto el término nación, todo el Estatut está pensando para atribuir a Cataluña una "configuración cuasi estatal".
ESPACIO DE SOBERANÍA COMPARTIDA
El PP interpreta que el Estatut instaura una relación de bilateralidad "de igual a igual" entre Generalitat y Estado y que se puede concluir de su lectura que está pensado más en "un Estado Confederal, que en un Estado federal, y desde luego crea un espacio de soberanía compartida" que afecta "intrínsecamente" a la soberanía del pueblo español y "reduce las facultades de las Cortes Generales". "Prácticamente -aducen-- cualquier actuación de la Administración General del Estado en Cataluña requerirá su consentimiento en el marco de una Comisión bilateral".
Asimismo, denuncian la creación del "germen de un Poder Judicial propio" que "rompe tanto la unidad jurisdiccional como la del Poder Judicial", un "reparto competencial al margen de la Constitución" y un "vacío competencial del Estado".
Destacan también como inconstitucionales el "blindaje de competencias", la "imposición" al Estado de la transferencia o delegación de competencias exclusivas y la "modificación de leyes generales del Estado. "Es inadmisible que un Estatuto pretenda definir con carácter general el concepto de competencia exclusiva, compartidas y de ejecución, definición que no ha hecho la propia Constitución y en cuya interpretación sólo es competente el Tribunal Constitucional", afirma el veto presentado hoy.
Este reparto provoca, según el PP, una "clara ruptura" de la unidad de mercado español y crea un "mercado diferenciado en el territorio catalán", por la vía de la creación de "nuevas barreras y trabas a la libre circulación de personas y bienes" que, indican, "es contraria a lo dispuesto en la Constitución".
RELACIONES EXTERIORES "PROPIAS DE UN ESTADO"
Por último, el grupo popular del Senado apunta que la configuración de Cataluña como nación tiene como consecuencia inmediata "la atribución de unas relaciones exteriores de la Generalitat propias de un Estado" que la Carta Magna "reserva a éste en exclusiva".
"El proyecto de Estatuto pretende convertir a la Comunidad Autónoma de Cataluña en sujeto de derecho internacional, con todas las consecuencias que se derivan de ello, en abierta contradicción no sólo con la propia Constitución sino con la normativa de la Unión Europea". "La generalización de este sistema daría lugar a la práctica desaparición de España como sujeto de derecho internacional", apostillan.
