Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja presentaron recursos ante el TC
MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Estatuto de Autonomía de Cataluña entró en vigor hace cuatro años, después de ser aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006. Siete han sido los recursos de inconstitucionalidad -todos ellos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional- que desde entonces se presentaron contra la norma, por parte del PP, el Defensor del Pueblo y las Comunidades Autónomas de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja.
Los recursos de Aragón, Islas Baleares y Comunidad Valenciana se centraron en rechazar la regulación del Archivo de la Corona de Aragón. Valencia, además, al igual que Murcia, recurrieron también la gestión del Ebro que se concede a la Generalitat de Cataluña, mientras que La Rioja rechaza los capítulos de financiación, gestión del agua y denominaciones de origen.
La Generalitat valenciana presentó el 19 de octubre de 2006 un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut al considerar que suponía un "importante atentado contra los valencianos y los derechos de los valencianos, en algo tan básico como la financiación o el tema del agua" y "un claro atentado a la solidaridad nacional y la Constitución Española", según informó en ese momento el entonces portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla.
Rambla apuntó entonces que el Estatut incluía "preceptos como el que hace referencia a la limitación de futuros trasvases de agua, que exceden con mucho lo que debe ser una norma estatutaria" y, de este modo, "contravienen lo que está dispuesto en la Constitución". En relación con la financiación, sostuvo que un estatuto de autonomía "no puede contener, de manera unilateral, variaciones en cuanto a la financiación autonómica que permita favorecer claramente a unos territorios en detrimento de otros".
Esta misma mañana, el consejero de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, anunció la posibilidad de que el Gobierno valenciano aplique la 'cláusula Camps' --que permite actualizar en su Estatuto competencias que vayan adquiriendo otras comunidades-- ante cualquier "privilegio" o "discriminación" frente a Cataluña, especialmente en materia de agua y de financiación.
A este respecto, Castellano manifestó que todo lo que se declara constitucional en el fallo del TC "será constitucional para todos" y, por lo tanto, adelantó que iniciarán la reforma estatutaria para "defender" lo suyo, sobre todo en temas como el agua o la financiación. Desde el PSPV, sin embargo, se consideró "precipitado" e "inoportuno" que el Consejo estudie la posible aplicación de la 'cláusula Camps' en temas como el agua y la financiación, especialmente y que se haga en estos términos de "ambigüedad", cuando todavía no se conoce la sentencia en profundidad.
CORONA DE ARAGÓN Y AGUA
Por su parte, el Gobierno balear aprobó en 2006 emplazar al Consejo Consultivo a que emitiera un dictamen sobre la disposición adicional 13 del Estatut catalán, por entender que vulneraba los artículos 46 y 149.1.28ª de la Constitución Española, que protege el patrimonio histórico en el conjunto de sistemas de archivos documentales. El Gobierno presentó de esta forma un recurso contra el artículo 127 del Estatut, que establece que los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona se integren en el sistema archivístico catalán.
Baleares sostenía que el nuevo texto estatutario permite a la Generalitat apropiarse de forma indebida de fondos documentales que afectan a otras CCAA, entre ellos una serie referida únicamente a Baleares, la Majoricarum. El Parlamento balear aprobó el 1 de junio de 2006, sólo con los votos del Grupo Popular, una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno central a impedir la desmembración del Archivo de la Corona al considerar que la redacción del Estatut catalán suponía un riesgo para la unidad de este Fondo Documental.
El Gobierno de Aragón presentó también en octubre de 2006 un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional decimotercera, la que regula el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón y que indicaba que los fondos propios se integrarían en los archivos de la Generalitat de Cataluña.
Del mismo modo, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia presentaron recursos contra el artículo 120, referido a las competencias hidráulicas y que permite además que Cataluña determine los caudales del delta del Ebro y se otorga todas las competencias exclusivas en esta cuestión. Para el TC este artículo no merece ser declarado nulo, ya que considera que no contraviene los principios que marca la ley fundamental.
El Gobierno murciano recurrió el 25 de septiembre de 2006 el artículo del Estatut que da a la Generalitat plenos poderes para fijar el caudal ecológico del río Ebro. Justificaba el recurso en un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad según el cual la norma básica catalana otorgaba al Gobierno de Cataluña plenos poderes para fijar el caudal ecológico de un río que discurre por nueve CCAA, y limitaba las posibilidades de recuperar la transferencia de agua prevista en el PHN.
La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, señaló hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña rechaza el texto que avaló el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que determina que contiene medio centenar de artículos que contravienen la Constitución Española, según informaron fuentes del Gobierno regional. Reverte calificó de "muy preocupante" que Zapatero "se jactara en su día de haber redactado de su puño y letra parte del Estatuto catalán, que no encaja en la Constitución".
En el caso concreto de La Rioja, los principales puntos por los que recurrió el Gobierno fueron el principio de bilateralidad del Estado con Cataluña, la gestión del agua, el sistema de financiación y las denominaciones de origen. En reacción a la sentencia, el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, afirmó hoy que "estamos viendo una situación muy incómoda, marcada y contaminada por los intereses partidistas electorales en un momento determinado".
Asimismo, Sanz señaló que "estamos ante una situación de incertidumbre jurídica provocada por el presidente del Gobierno de España, que en un momento determinado planteó el uso partidistas de determinadas cuestiones que no se deben tocar nunca cuando afectan a la cohesión, a la igualdad, a la solidaridad de los españoles y de los territorios". Agregó que "cuando una Ley está sometida a interpretación, no es ninguna Ley".
