CiU y ERC rechazan trasladar a una ley estatal los detalles del consorcio y amenazan con pedir la reapertura de la Ponencia
MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Constitucional del Congreso, con los votos del PSOE y del PP, dejó fuera de Estatuto de Cataluña la gestión de puertos y aeropuertos, ya que los socialistas no lograron convencer a CiU, ERC e ICV para incluir únicamente una mención a los consorcios conjuntos, pero dejando a una ley estatal la decisión sobre la mayoría decisoria y las funciones.
Después de que la Cámara Baja rechazara el miércoles el artículo 140 sobre puertos y aeropuertos, hoy se ha hecho lo mismo con la disposición adicional tercera, que también se refería a las infraestructuras. Ahora ya son cuatro los desacuerdos entre la Cámara Baja y el Parlamento de Cataluña, pues a estos dos puntos de transportes se unen los relativos a selecciones deportivas y circunscripción electoral, también votados en contra por la comisión y en cambio refrendados por la delegación del Parlamento catalán.
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Ante las posiciones diferentes entre socialistas y formaciones catalanas sobre si debe ser el Estado o la Generalitat quien detente la mayoría en los consorcios, el PSOE ofreció en el debate de esta tarde, como última salida, una nueva disposición adicional para dejar claro que la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general radicados en Cataluña se llevará a cabo mediante consorcios en los que participarán el Estado y la Generalitat, pero sin precisar en qué porcentaje y remitiéndose a una futura legislación estatal.
Según el secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, el Estado no debe desaparecer de los aeropuertos de interés general, pero al mismo tiempo debe abrirse la vía para que la Generalitat participe en la gestión, aunque los detalles deben concretarse en un proceso negociador aparte.
Lluis Miquel Pérez, del PSC, admitió que los socialistas catalanes prefieren el texto que salió del Parlament, pero aceptan la transaccional del PSOE al considerar ""positivamente" el hecho de que haya un "mandato estatutario" y un "depósito de confianza" para la presencia de la Generalitat en la gestión. Pérez, que es alcalde de Reus (Tarragona), tuvo que votar en contra de asumir la gestión del aeropuerto de su localidad.
Sin embargo, la alternativa socialista no salió adelante por falta de apoyo del resto de partidos catalanes. Según Francesc Homs, de CiU, la posición del PSOE es contraria "al sentido común y al sentido de los tiempos", ya que "España no se va a romper, ni tampoco el PSOE, por ceder la gestión de El Prat".
Tras señalar que "tiene su miga" que éste fuera un tema "acordado" --extremo que los socialistas niegan-- precisamente en una reunión multilateral que el PSOE mantuvo con los cuatro partidos catalanes, Homs anunció que CiU utilizará todos los mecanismos reglamentarios a su alcance a lo largo de toda la tramitación "para facilitar la negociación y un desenlace feliz y positivo".
Para Joan Ridao, de ERC, esa redacción "muy cortita", es "un auténtico brindis al sol". Según dijo, los independentistas habrían apoyado un texto así de genérico si previamente hubiese visto una ley articulada detallando las competencias en de la Generalitat, pero no pueden ofrecer "un cheque en blanco". "Es la constatación de un fracaso y la demostración que la foto (de Zapatero y Mas) se hizo con precipitación y partidismo, y no vamos a pagar nosotros una hipoteca que no hemos firmado", zanjó.
Desde ICV, Jaume Bosch, insistió en que los partidos catalanes ya habían alcanzado un acuerdo sobre este asunto con el PSOE. "El acuerdo era posible, si se quiere incorporar todavía en el Estatuto estaremos dispuestos, si no, mantendremos la discrepancia y mantendremos el texto del Parlament aquí y si es necesario en el Senado", advirtió.
Los votos de las minorías, junto con los del PP, que mantuvo su criterio de votar en contra de todos los textos que no fueran sus enmiendas de supresión, impidieron aprobar el texto de los socialistas. A renglón seguido, PSOE y PP unieron sus votos para rechazar en el Congreso la disposición adicional tercera enviada desde Barcelona.
CUATRO DESACUERDO CONGRESO-PARLAMENT
Es el cuarto desacuerdo entre Comisión Constitucional y Parlament, por lo que, según la interpretación más extendida, esta disposición, al igual que el artículo sobre puertos y aeropuertos, el de la circunscripción electoral en las europeas y el de las selecciones deportivas, desaparecerán del dictamen de comisión y no llegarán al Pleno del día 30.
López Garrido quiso dejar claro que este escollo no debe condicionar el resto del proceso parlamentario del Estatut, que en su opinión ha sido "un éxito". "Ha habido un amplísimo acuerdo de fondo y se ha confirmado un avance sustancial en el autogobierno de Cataluña, por lo que el proceso ha sido un éxito, no un fracaso --aseveró--. No quiero considerar este tema del aeropuerto como absolutamente fundamental, decisivo, ni que pueda llevarse por delante todo lo que hemos aprobado".
En la sesión vespertina fueron rechazados los votos particulares del PP y ERC, mientras que sí se aprobó, con la oposición de los 'populares', el Título VII relativo a la reforma del Estatuto, así como el resto de disposiciones adicionales.
TRANSPARENCIA EN BALANZAS DE GASTO
Además, se añadió al dictamen una disposición adicional nueva que ERC pactó con el PSOE y el resto de partidos catalanes que mandata al Estado a publicar "en cumplimiento del principio de transparencia" la liquidación provincial de los diversos programas de gasto público en Cataluña.
En el articulado, el único cambio introducido se refiere a la autorización por una comisión bilateral Estado-Generalitat de nuevas modalidades de juego y apuestas (141.2), autorización de la que ahora se excluye a aquellos juegos y apuestas orientados a fomentar fines sociales, en referencia principal a los de la ONCE.
La Comisión Constitucional y la delegación del Parlament tienen previsto finalizar su tarea el próximo martes con la votación del preámbulo y del dictamen final del proyecto de reforma. Sin embargo, ERC ha anunciado su intención de aprovechar esa sesión para pedir de viva voz la reapertura de la Ponencia con el objetivo de hacer un nuevo intento de buscar el consenso sobre los cuatro puntos en los que ha habido desacuerdo, aunque sin idea de dilatar innecesariamente los plazos.
Los republicanos confían en que CiU se sume a la solicitud de volver a la Ponencia, y de hecho los nacionalistas ya han dejado caer varias veces que están dispuestos a agotar todos los recursos reglamentarios para buscar un acuerdo. De ser así, esta postura sería mayoritaria en la delegación del Parlament y, si el PP, que viene defendiendo la necesidad de que se habilite más tiempo para el debate de la reforma, apoya la petición, ésta sería también mayoritaria en la Comisión Constitucional.
Los socialistas, por contra, no creen posible la reapertura de la ponencia y no desean alargar más las discusiones, máxime cuando el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha manifestado su deseo de someter la reforma a referéndum antes del 24 de junio.
