El Estado compensaría a la Generalitat por las leyes orgánicas que aumenten el gasto
MADRID/BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central y CiU han pactado la revisión quinquenal del sistema de financiación autonómica que incorpore el nuevo Estatut de Cataluña para su actualización en función de los servicios y competencias transferidas por el Estado en cada periodo, al tiempo que se garantizará la suficiencia de recursos de las finanzas de la Generalitat en el caso que las leyes orgánicas aprobadas por el Estado impliquen un incremento de las necesidades de gasto del Gobierno catalán, según confirmaron a Europa Press fuentes nacionalistas.
El acuerdo se cerró en la reunión celebrada ayer por la tarde en Barcelona entre la cúpula de CiU, Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida, y la delegación negociadora del Gobierno y el PSOE en materia de financiación, integrada por el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro de Industria, José Montilla, y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez.
Según las citadas fuentes, en la reunión el PSOE habría aceptado la evaluación cada cinco años del sistema de financiación, tal y como recoge el proyecto de Estatut en su artículo 214.d, pese a que las enmiendas socialistas no hacían referencia alguna a una actualización periódica del sistema. De esta forma, CiU se deshace de la disposición pactada con el PP en la última negociación de financiación por la que renunciaban a la revisión quinquenal.
Paralelamente, el Gobierno y CiU también pactaron el contenido del actual artículo 213 del proyecto de Estatut por el que el Estado, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, ha de garantizar la suficiencia de recursos de las finanzas de la Generalitat en los supuestos en los que las disposiciones generales aprobadas por el Estado impliquen un incremento de las necesidades de gasto o una disminución de la capacidad fiscal de la Generalitat.
Estos acuerdos se suman a los alcanzados en capacidad normativa para la Generalitat y que posibilitaría a la Administración catalana dictar normas en todos los impuestos cedidos, en porcentajes todavía por determinar, y a los tímidos avances a la hora de establecer los criterios de solidaridad.
Según fuentes conocedoras de la negociación, el Gobierno y CiU habrían consensuado que la aportación de las comunidades autónomas al fondo de compensación interterritorial se dedicará únicamente a sufragar servicios básicos de las comunidades beneficiaras y se tendrá en cuenta la capacidad fiscal de cada comunidad en los criterios de distribución.
Por contra, se mantienen diferencias sobre la fórmula jurídica que permita garantizar que la aportación de Catalunya a la solidaridad no varíe su posición en el ránking de comunidades en función de la renta por cápita.
Otro de los frentes abiertos en materia de financiación son las finanzas de los Gobiernos locales, que en Catalunya ya enfrentó a PSC y CiU. El Gobierno defiende en las negociaciones la existencia de tres espacios fiscales --estatal, autonómico y local-- por lo que se opone frontalmente a que la Generalitat intervenga en el reparto de fondos procedentes del Estado a los ayuntamientos.
Por contra, CiU defiende, al igual que hizo ERC, el contenido del artículo 223.2, por el que la Generalitat sería la encargada de distribuir estos recursos, según una ley de finanzas locales de Catalunya y los principios mínimos que fije el Estado en leyes básicas referentes a competencias compartidas.
Las discrepancias reeditan un conflicto protagonizado anteriormente por la Generalitat y el Gobierno central y que resolvió el Tribunal Constitucional en su sentencia 233/1999 desestimando el recurso presentado por el Ejecutivo catalán en contra del título VI de la Ley de Haciendas locales, alegando que la regulación que contiene es tan detallada y exhaustiva que no deja el menor resquicio normativo a las comunidades autónomas que ostentan competencias en materia de Régimen Local.
Asimismo, persisten los desacuerdos a la hora de definir las funciones de la Agencia Tributaria de Catalunya, ya que CiU defiende la existencia de una única agencia en Catalunya con coparticipación del Estado y la Generalitat y preeminencia del Gobierno catalán, mientras que el Ejecutivo central insiste en que el Estado debe mantener su espacio fiscal en Catalunya y por tanto sus órganos de recaudación, gestión e inspección.
