Estatut.- El PP volverá a preguntar al Gobierno en el Congreso por la discriminación del castellano en Cataluña

Actualizado: viernes, 17 febrero 2006 18:35

Presenta una proposición para que la Cámara Baja vote contra "la obligación" de que los funcionarios tengan que saber catalán

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP volverá a llevar la persecución que a su juicio sufre el castellano en Cataluña a la sesión de control del Congreso del próximo miércoles. Paralelamente, los 'populares' han registrado una proposición no de ley para que la Cámara Baja exprese su rechazo a que la reforma del Estatuto de Cataluña contemple la "obligación" de los funcionarios de conocer el catalán para ejercer sus funciones en esta comunidad.

Precisamente, la Ponencia que estudia la reforma del Estatuto catalán aprobó hoy que los magistrados, jueces o fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deban "acreditar un conocimiento adecuado y suficiente" del catalán (así como del derecho propio de esta comunidad). Este conocimiento suficiente de la lengua y el derecho "se valorará específica y singularmente" para obtener una plaza en los concursos de traslado.

En las últimas semanas el PP ha criticado duramente la discriminación del castellano en Cataluña. Mariano Rajoy, que en TV3 aseguró que en Cataluña había un bilingüísmo perfecto, también ha participado de estas críticas llegando a afirmar que en esta comunidad "se está haciendo con el castellano lo mismo que con el catalán durante el franquismo".

Si hace un par de semanas el Grupo Popular ya llevó la polémica lingüística al Pleno del Congreso, los diputados catalanes del PP Jorge Fernández y Dolors Nadal han vuelto a elegir la lengua como tema central de sus respectivas preguntas de control para la próxima semana.

Así, Fernández emplazará a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, a que explique qué medidas "ha adoptado el Ejecutivo para que los padres que lo deseen puedan escolarizar a sus hijos en castellano como garantiza la Constitución". Por su parte, Nadal le preguntará si se va "a obligar a los funcionarios de la Administración del Estado a aprender lenguas diferentes a la reconocida como oficial por la Constitución".

"GRAN ALARMA"

Según el PP, la negociación de la reforma del Estatuto catalán está generando "una gran alarma en la sociedad española", ya que, a su juicio, contiene numerosos aspectos que "vulneran los derechos y libertades de los ciudadanos" tales como la regulación de los derechos y deberes lingüísticos.

Por todo ello, ha presentado una proposición no de ley para que el Pleno de la Cámara Baja exprese su rechazo a cualquier reforma estatutaria que contemple "la obligación" de conocer una lengua cooficial por parte de magistrados, jueces, fiscales, personal de la Administración, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, notarios, registradores o cualquier otro funcionario de la Administración "por el hecho de ejercer sus funciones en una comunidad autónoma en la que exista una lengua cooficial".

En segundo lugar, el texto del PP insta al Ejecutivo a facilitar a todos aquellos funcionarios de la Administración del Estado que lo deseen "el aprendizaje de la lengua cooficial cuando ejerzan sus responsabilidades en una comunidad autónoma que la tenga". "En ningún caso, este aprendizaje podrá suponer una merma o desventaja de ningún tipo para todos aquellos funcionarios que en el ejercicio de su libertad opten por no hacerlo", añade.

El partido de Mariano Rajoy recalca que los funcionarios dependientes de la Administración no pueden ser obligados a conocer una lengua distinta de la que establece la Constitución y añade que tal "imposición" es "inconstitucional" por violar el artículo 3 de la Carta Magna, así como por vulnerar la delimitación competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.

"Constituye asimismo una discriminación para todos aquellos candidatos a una plaza en una comunidad autónoma que no puedan optar a la misma por una barrera lingüística. Y perjudica sobre todo a los ciudadanos de la propia comunidad autónoma en que tales barreras se establezca, pues una selección del personal de la Administración Pública basada en méritos distintos del mérito y la capacidad repercute finalmente en una peor calidad de la función pública", afirma la iniciativa del PP.