Estatut.- Rajoy se reunió con Piqué, Trillo y Sáenz para preparar la ponencia en la que exigirán un "texto completo"

Actualizado: jueves, 9 febrero 2006 21:17

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se reunió esta tarde en 'Génova' con Josep Piqué, Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, a fin de preparar la estrategia a seguir en la Ponencia conjunta del Congreso y del Parlamento catalán encargada de preparar la reforma del Estatut. Según explicaron a Europa Press fuentes 'populares', la primera decisión adoptada será exigir al PSOE que ponga sobre la mesa el acuerdo alcanzado con Convergencia i Uniò.

Dicha Ponencia celebrará mañana su primera reunión de trabajo, en la que se abordará el Título Preliminar --en cuyo primer artículo figura la definición de Cataluña-- y el Título Primero, que recoge la Carta de Derechos y Deberes.

Así, los ponentes del PP consideran que no es posible debatir sobre el artículo primero del Estatut sin conocer el Preámbulo y la redacción final con la que se va a aludir a la "nación" catalana, así como las posibles implicaciones de dicha definición sobre el articulado.

De hecho, los 'populares' son partidarios de que este debate vaya "artículo por artículo", siempre y cuando dispongan primero del acuerdo definitivo alcanzado por PSOE y CiU, ya que consideran que se podría aceptar o rechazar un artículo o enmiendas al mismo y "encontrarse después con que en otro artículo posterior se alude a esa misma cuestión de otra forma".

"Vamos a hacer todo lo posible para que no haya trucos ni haya enjuagues"; "o el debate es limpio de verdad o habrá que hacer ante la opinión pública denuncia tras denuncia", se aseguró a Europa Press en fuentes de 'Génova'.

ACUERDOS CON CIU NO APOYADOS POR ERC

No obstante, en esta primera reunión el PSOE tiene intención ya de dar a conocer las enmiendas que ha pactado con las formaciones catalanas y que se refieren a estos dos títulos, según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Estas enmiendas se presentarán como transaccionales a los escritos genéricos que el Grupo Socialista registró el 27 de diciembre y que no incluían una redacción concreta porque el plazo expiró cuando la negociación aún estaba abierta.

La mayoría de estas modificaciones han sido pactadas con los cuatro partidos catalanes que promovieron el Estatut, aunque no ocurrió lo mismo con la definición de Cataluña, que sólo se acordó con CiU y posteriormente fue aceptadas por PSC e ICV, y en cambio ERC no está de acuerdo.

En concreto, en la definición de Cataluña se repetirá la redacción del vigente Estatut, donde se habla de nacionalidad, y por tanto se suprimirá el término de nación que acordó el Parlament el 30 de septiembre. Eso sí, pede haber discrepancia en el artículo 8, donde se habla de "símbolos nacionales" de Cataluña, adjetivo que el PSOE quiere suprimir pero no tiene el beneplácito del 'cuatripartito'.

En principio, no está previsto que se hable del Preámbulo --decisión no compartida por el PP-- que la Ponencia ha reservado para el final, aunque los grupos ya irán fijando posición porque allí también se menciona la definición de Cataluña y además va a figurar expresamente el término 'nación'.

En la carta de derechos y deberes también puede haber discusiones porque CiU, que ya votó en contra de esta parte del Estatut en el Parlament, ha manifestado en las últimas semanas su voluntad de modificar tres artículos. Así, se prevé introducir modificaciones de carácter técnico en el artículo 40, que hace referencia a las uniones de familia, para dejar claro que son las previstas por la ley, y en el 41, que versa sobre los derechos de las mujeres a decidir su salud sexual y reproductiva, para añadir que las actuaciones de los poderes públicos han de atenerse al marco de competencias de cada administración.

En cuanto al artículo 20, relativo a la muerte digna, los socialistas han garantizado a las demás formaciones catalanas que no va a aceptar los cambios que reclama CiU si no es con el consenso de todos.

EL PSOE QUIERE LA OPINIÓN DE PIQUÉ

Los 22 integrantes de la Ponencia (once de cada Cámara), irán discutiendo artículo por artículo, fijando posición sobre las enmiendas del PSOE y las que presentó el PP. Los dos mayoritarios protagonizarán su 'encontronazo' desde el artículo 1, que recoge la definición de Cataluña, donde los socialistas quieren saber si Josep Piqué avala la redacción de 1979 o si apoya la enmienda de supresión que presentó el Grupo Popular en el Congreso.

En cualquier caso, mañana no habrá votaciones ya que en la fase de Ponencia sólo hay prevista una única votación, relativa al conjunto del informe, y tendrá lugar al final del último día.

La reunión de la Ponencia, que como todas las que se celebre será a puerta cerrada y sin opción de que los periodistas puedan acercarse, terminará sobre las tres de la tarde y, si para entonces no se han concluido estos dos primeros títulos, continuará el próximo lunes.

Para la redacción de ese informe de Ponencia hay fijado un plazo de un mes, hasta el 6 de marzo, ya que la Comisión Constitucional ha de aprobar su dictamen al respecto antes del 27 de ese próximo mes de marzo.

22 DIPUTADOS A PUERTA CERRADA

Los once diputados de la Cámara Baja que trabajarán en la Ponencia en estas cuatro semanas son: Ramón Jáuregui, Diego López Garrido y Daniel Fernández (PSOE); Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría (PP); Josep Antoni Duran i Lleida (CiU); Joan Puigcercós (ERC); Aitor Esteban (PNV); Joan Herrera (IU-ICV); Begoña Lasagabaster (EA-Grupo Mixto); y Román Rodríguez por Coalición Canaria-Nueva Canarias, único ausente en la sesión constitutiva de esta tarde.

Y por parte del Parlamento catalán acudirán, en representación del PSC, Manuela de Madre, Miquel Iceta y Lidia Santos; CiU contará con Artur Mas, Francisco Homs, Nuria Gispert y Ramón Camp. Por ERC asistirá Josep Lluís Carod-Rovira y Joan Ridao. El PP catalán estará representado por Josep Piqué e ICV-EUiA por Jaume Bosch.

Además, el Parlamento catalán propuso que sus diputados estuvieran acompañados en Madrid por letrados de la Cámara autonómica, pero el Congreso lo desechó por deferencia a los letrados de Cortes Generales, aunque habilitará un despacho anejo para que puedan ser consultados.