MADRID 20 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, ha convocado un Pleno de este órgano para mañana y los días sucesivos en cuyo orden del día se incluye la deliberación sobre su borrador de sentencia del Estatut de Cataluña, así como la resolución, previsiblemente denegatoria, de los recursos de súplica interpuestos por la Generalitat en el marco de este procedimiento.
Fuentes del alto tribunal señalaron a Europa Press que durante la jornada de mañana los diez magistrados que componen el Pleno se centrarán en la resolución de los recursos. Uno de ellos refiere a la falta de competencia que el Gobierno catalán atribuye a al tribunal para dictar sentencia, mientras que segundo alude a la negativa del tribunal a reintegrar en las deliberaciones al recusado Pablo Pérez-Trems.
A continuación los magistrados podrían interrumpir el Pleno o bien entrar ya a debatir la ponencia de Casas, que según fuentes del órgano constitucional asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del "sector progresista" Elisa Pérez Vera -que fue rechazada por seis votos frente a cuatro- respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término 'nación' en el Preámbulo o los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.
RECURSOS.
El recurso relativo a Pérez-Trems fue interpuesto el pasado jueves por la Generalitat después de que el Constitucional rechazara su petición para volver a incluir a este magistrado, que fue apartado de la discusión de la sentencia sobre el Estatut instancias del PP, por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.
La Generalitat pide el reintegro de Pérez-Tremps con el fin de reforzar los apoyos progresistas al Estatut dentro del tribunal. En su escrito, argumentaba que, una vez que se ha planteado la votación de la sentencia artículo por artículo, no habría impedimentos para que este magistrado pudiera estar presente en la votación relativa a los preceptos que no se refieran a las relaciones exteriores del Govern.
En la providencia de rechazo, el Tribunal Constitucional ya señaló que la recusación de este magistrado, que se acordó en febrero de 2007, es "firme e irrecurrible", y que además la pretensión de la Generalitat no es plausible porque si Pérez-Tremps participa en la votación sobre algunos artículos recurridos del Estatut y sobre otros no se rompería "la unidad del proceso". Por todas estas razones, la súplica tiene muchas dificultades de éxito.
COMPETENCIA.
En la sesión de mañana el Tribunal también rechazará previsiblemente el recurso de súplica presentado tanto por la Generalitat como por el Parlamento Catalán contra la decisión de éste órgano de no declarase incompetente.
La deliberación sobre este recurso se produce una vez ha concluido el plazo dado a la Abogacía del Estado, al Congreso, al Senado y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronunciaran sobre las pretensiones del Ejecutivo y el Legislativo catalanes, que buscan que el Tribunal Constitucional se declare incompetente para resolver el asunto del Estatut.
Todas las partes que han constestado hasta el momento, tales como la Abogacía, la comunidad de Murcia y el propio PP, defienden la legitimidad de los magistrados del TC para continuar con la tramitación de la sentencia del Estatut.
FÓRMULAS DE VOTO.
En previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario para aprobar su ponencia -que podría incluir 15 declaraciones de inconstitucionalidad y el sometimiento a interpretación de otros 24 preceptos- la presidenta del Tribunal se muestra dispuesta a someter su texto a una votación por bloques, pues su objetivo de lograr que haya sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace unas semanas a un grupo de periodistas.
En principio, ninguno de los magistrados que deliberan sobre el estatud asunto es contrario a ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que "la votación, a juicio del presidente (del tribunal), podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse".
Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del "bloque conservador", Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación.
Ese día, tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término "nación" en el Preámbulo de la norma.
Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el elaborado por Elisa Pérez-Vera, había sido rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial.
La fuerte división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el Estatut --queda fuera Pablo Pérez-Tremps, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo--, permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.
El borrador de Pérez-Vera fue apoyado, además de por su autora, por la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala, que podrían volver a ofrecer su apoyo a Casas en atención a la coincidencia de las tesis de ambas magistradas.
En contra del "ponencia progresista" se manifestaron el vicepresidente Jiménez y los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón, todos ellos pertenecientes al "sector conservador" del órgano con excepción del último, quien pese a haber sido situado en el ala ideológica contraria ha venido manifestando serias discrepancias con algunos aspectos de la norma, como el relativo al significado del "término nación".
