MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP y el PSOE esperan retomar en los próximos días los contactos para abordar la derogación del trasvase Tajo-Segura que el Estatuto de Castilla-La Mancha fija en 2015, el principal escollo en las negociaciones frustradas entre los dos principales partidos para acordar las enmiendas a la reforma estatutaria que se tramita en el Congerso de los Diputados, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Según estas fuentes, ambas formaciones confían en que "se formalice algún tipo de reunión" en la que tratar la caducidad de la infraestructura, después de que el pasado mes de enero PP y PSOE registraran sus enmiendas al texto por separado al ver que las conversaciones sobre la fórmula de encajar la fecha del 2015 no avanzaban.
Ambos partidos manifestaron entonces su intención de mantener el diálogo con el fin de encontrar posiciones comunes en torno a la derogación del trasvase, teniendo en cuenta que el PSOE no contempla sacar el estatuto adelante sin el PP. El texto estatutario salió de las Cortes de Castilla-La Mancha con los votos de los dos partidos.
El paréntesis en las negociaciones vino motivado por la celebración de las elecciones vascas y gallegas del pasado 1 de marzo, pero las conversaciones también se vieron afectadas por el nombramiento de Francisco Caamaño como ministro de Justicia, ya que, como secretario de Relaciones con las Cortes, venía siendo el representante del Gobierno en la mesa de negociación del Estatuto.
CONTACTOS DISCRETOS
Si se formalizaran dichos contactos en el futuro inmediato, el PP y el PSOE cumplirían con su previsión de celebrar "alguna reunión discreta" antes de que el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el socialista Alfonso Guerra, convoque en la tercera o cuarta semana de marzo la primera reunión de la ponencia parlamentaria encargada de discutir y votar las enmiendas presentadas.
Se trata de que ambos partidos cierren los cambios al Estatuto de Castilla-La Mancha en asuntos en como la financiación de la comunidad y la definición de las competencias, sobre los que PSOE y PP tenían un consenso muy trabajado, aunque en el último momento presentaron enmiendas distintas, y buscar un acercamiento sobre la caducidad del trasvase.
En sus enmiendas, el PSOE desplazó al preámbulo la fecha del 2015 para quitarle eficacia normativa, mientras que el PP mantuvo en las suyas su rechazo a incluir la fecha de caducidad del trasvase en el estatuto alegando que la Constitución ya deja claro que la competencia sobre el agua corresponde al Estado y no a una comunidad autónoma.
