MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ponencia del Congreso encargada de discutir el Estatuto de Castilla-La Mancha celebrará la próxima semana su primera reunión, pero el PSOE y el PP llegan a la cita con las mismas posiciones enfrentadas sobre la fórmula de encajar la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura que las Cortes regionales fijan en 2015 y que ha bloqueado el acuerdo sobre la reforma manchega. La impresión de los dos grandes partidos, que en su día llevaron la reforma al Congreso, es que el texto no pasará el trámite y que no habrá suficiente acuerdo para elevarlo a la Comisión Constitucional.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, los dos partidos mayoritarios han descartado incluso mantener nuevos contactos para tratar las diferencias sobre agua que impide el pacto antes de que sean convocados en el Congreso para celebrar la primera cita de la Ponencia.
De esta forma, todo parece indicar que el próximo miércoles se repetirá el escenario de bloqueo que dejaron ver los parlamentarios de PP y PSOE el pasado 11 de marzo durante la constitución formal de la ponencia encargada del estatuto manchego, cuando unos y otros se culparon mutuamente de poner obstáculos al acuerdo.
Las previsiones del futuro de la reforma estatutaria no son muy optimistas si se tiene en cuenta que las intensas negociaciones de antes de Navidad para presentar enmiendas conjuntas al texto dieron lugar a un acuerdo en prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con la financiación y el autogobierno, salvo en el agua.
Ello llevó a que el PP y el PSOE optaran por presentar sus enmiendas por separado, prácticamente idénticas excepto en lo relativo al trasvase. Así, los socialistas proponen relegar al preámbulo la fecha de caducidad para restarle eficiencia normativa, mientras que los 'populares' sólo admiten una "revisión" de acuerdo con las normas comunitarias.
Según adelantó el secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, hace dos semanas, el encuentro del 1 de abril sólo servirá para "levantar acta de este bloqueo" y dará pie a que el estatuto pase a "dormir el sueño de los justos", recordando que las enmiendas socialistas son el "mínimo" que acepta su partido para conjugar lo aprobado por las Cortes regionales y la Constitución.
"LO QUE NOS DIFERENCIA ES MUY POCO"
A pesar de todo, los negociadores mantienen la esperanza de llegar a un acuerdo teniendo en cuenta que ambos partidos comparten posiciones en el grueso de las modificaciones al texto estatutario. "Lo que nos diferencia es muy poco", señaló el diputado del PSOE Alejandro Alonso a Europa Press, para quien es posible encontrar una fórmula sobre el trasvase "asumible por unos y por otros".
En estos términos se pronunció el 'popular' Arturo García Tizón el pasado 11 de marzo en el Congreso, cuando aseguró que su partido aún confía en un acuerdo porque el problema principal de Castilla-La Mancha no es el trasvase y la comunidad necesita una reforma estatutaria en cuyo 98 por ciento están de acuerdo con los socialistas, según señaló.
No obstante, las diferencias de fondo perduran y mientras que los socialistas creen que sería "una lástima" que el Estatuto de Castilla-La Mancha no saliera adelante "por el empecinamiento del PP" en hacer desaparecer el 2015 del texto, los 'populares' mantienen una posición "inflexible" frente a la derogación de la infraestructura, algo que el PSOE achaca a las presiones desde Murcia y la Comunidad Valenciana.
Sea como fuere, la reforma estatutaria se verá en la reunión de Ponencia del miércoles pero no habrá consenso para seguir su tramitación en la Comisión Constitucional. A partir de ahí, quedará congelada a la espera de que se produzca un acuerdo entre las formaciones proponentes, PSOE y PP de Castilla-La Mancha, consenso que hoy parece improbable, o que directamente el Gobierno castellanomanchego, como en su día hizo el canario con su frustrada reforma, promueva la retirada del texto en las Cortes regionales.
