ESTEPONA (MÁLAGA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, encargada del caso contra la presunta trama de corrupción urbanística municipal, denominada 'Astapa', ha decretado libertad provisional bajo fianza de entre 500.000 y 100.000 euros para tres de los detenidos que fueron trasladados hoy al juzgado y libertad sin fianza para un cuarto.
Así, el empresario local Enrique González Ceano quedó hoy en libertad sin fianza pero imputado por tráfico de influencia y con obligación de comparecer los días 1 de cada mes; mientras que la jueza fijó una fianza de 500.000 euros para el ex consejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando Linares, por fraude y malversación de caudales. Éste, que abandonó las dependencias judiciales poco antes de las 19.30 horas, aseguró que "todo está bien y estoy muy tranquilo".
Asimismo, la instructora fijó una fianza de 100.000 euros, para cada uno, para los abogados relacionados con dicha sociedad y, según indicaron fuentes judiciales a Europa Press, socios en Bilbao, Daniel Delgado y Armando Pérez, a los que se les achaca presuntamente los delitos de tráfico de influencias, fraude y malversación. Todos están en libertad, aunque deberán abonar las cantidades designadas en un plazo de tres días.
El abogado de éstos, Jorge Mansilla, aseguró que las imputaciones responderían "simplemente por haber conseguido hipotecas o mejor dicho cantidades de dinero para gente que está en una penuria económica y conseguir ese dinero para que no le embargasen la casa o hubiese subastas para sus inmuebles o también por conseguir, en un momento dado, que se pudiesen celebrar actos benéficos en el Ayuntamiento de Estepona".
Respecto al delito de malversación, entendió que "puede ser más que cuestionable que alguien que no es funcionario público ni autoridad pueda malversar fondos de la administración". Así, dijo que no podía concretar el hecho, aunque insistió en que "esta imputación desde un punto de vista jurídico a un funcionario es procedente, pero un particular sin cargo publico ni autoridad, imputarle ese delito me parece una incongruencia".
Además, consideró "peculiar" que "de buenas a primeras, tras una simple declaración, se elimine el presunto delito que se le imputaba y pase directamente a ser presunto colaborador de la administración por supuesta malversación".
Lamentó que al existir secreto de las actuaciones "es difícil ejercer una correcta defensa", aunque en principio entendió "desproporcionada" la medida adoptada. Explicó que ambos letrados están en libertad "ya que existe una presunción clara de que van a cumplir con la orden judicial", aunque apuntó que "si en tres días no entregan el dinero, se acordará su ingreso en prisión".
Mientras, la jueza ha comenzado a tomar declaración al resto de detenidos que fueron trasladados a los juzgados, como son los empresarios Antonio Bazán, Vicente y Félix Delgado y el arquitecto Ignacio de la Hoz. Los agentes llevaron esta mañana hasta las dependencias judiciales varias cajas, maletines y ordenadores que fueron intervenidos en los registros realizados ayer.
Ayer, la instructora decretó libertad provisional para el presidente del Grupo Prasa, José Romero González, con una fianza de 300.000 euros y no de 500.000 como se dijo, ya que hubo un error de transcripción del acta de comparecencia. Además, fijó 30.000 euros para otros dos detenidos, A.M.C.L. y J.L.C.A., todos con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.
Éstos tres están en libertad y, según fuentes judiciales, tienen tres días para abonar las cantidades impuestas por la jueza, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Además, dejó en libertad con cargos pero sin fianza a M.C.H. y A.A.F.G., que tendrán que ir a los juzgados los días 1 de cada mes y los días 1 y 15, respectivamente.
A todos se les imputa los delitos de cohecho y blanqueo, mientras que al empresario cordobés José Romero se le achaca presuntamente otros delitos contra la administración pública. Ya son 26 los detenidos en esta operación, tras el arresto en la madrugada de ayer del ex concejal del equipo de gobierno y actual edil por el Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, que podría comparecer mañana en el juzgado.
Por otro lado, la Policía Nacional continúa tomando declaración en calidad de testigo a varias personas relacionadas con los detenidos, como la compañera sentimental del alcalde, Antonio Barrientos; y a técnicos y representantes municipales, como al ex gerente de la Sociedad Municipal de Desarrollo y al que fuera concejal de Playas en la anterior corporación, al que se le ha preguntado por la gestión en Área y por la financiación del PA, formación a la que perteneció hasta 2007.
Por la mañana, comparecieron en la Comisaría de Estepona un técnico del área de Sanidad, la edil del actual equipo de gobierno Lina Rivas (PA), el tesorero, el interventor y una ex edil del Partido de Estepona (PES). Estas diligencias policiales podrían prolongarse también en los próximos días.
